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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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01 Julio 2018 04:00:00
Lo que sigue
Resulta imposible evitar escribir hoy sobre el evento electoral, que es lo más relevante, pero no deja de ser difícil evitar caer en los lugares comunes.

Aun a riesgo de incurrir en ellos, creo necesario insistir en algo que, si bien ha sido un tema recurrente en este espacio, no da visos de haber sido justipreciado debidamente, a juzgar por el énfasis puesto por los comentaristas y analistas en boga y por la gente común, la que habrá de elegir a sus nuevas autoridades.

Lo primero que hay que recordar es que en México no habrá democracia mientras se siga creyendo que democracia es igual a elecciones, por universales y libres que sean.

Tampoco son los comicios la fuente sustancial de legitimidad que requiere el poder. La democracia es gobierno que debe efectuarse cotidianamente para garantizar los derechos y libertades fundamentales, y en esa garantía permanente, eficaz y suficiente es que encuentran los órganos de gobierno la justificación de su existencia y funcionamiento.

En ello estriba la necesidad de paz social, seguridad pública, posibilidad de buscar dignamente la manera de ganarse cada cual la vida, etc.

Cuando se gasta tanto dinero y se empeñan tantos esfuerzos en los procesos electorales y el sostenimiento de los partidos políticos, como se ha hecho habitualmente hasta hoy, no se hace democracia, sino que se propicia la burocracia, que normalmente, cuando excede los mínimos de gestión funcional necesarios, estorba, en lugar de apoyar los propósitos para los que fue creada

Es necesario ir más allá de lo aparente para que el análisis pueda aportar un conocimiento apto para corregir, afinar o sustituir elementos en la funcionalidad del sistema que así lo requieran en vista de su legitimidad profunda, es decir, de su capacidad de satisfacer el interés general cifrado en que de verdad se garanticen aquellas libertades y derechos de todos los seres humanos, proveyendo las medidas necesarias para equilibrar las desigualdades de origen.

Esa garantía, no está de más decirlo porque es muy frecuente que se pierda esto de vista a pesar de ser obvio, tendrá que ajustarse, con rigor y escrupulosamente, al orden jurídico si queremos hacer efectivo en nuestro país el tan cacareado “estado de derecho”.

¿Se alcanzará ese propósito tras el proceso electoral de este día? Difícilmente, me temo, mientras no haya un cambio de cultura cívica y una revaloración de los motivos de la existencia, funciones y límites de los órganos de poder, entre los que destaca, sin duda, el sobredimensionamiento, que lleva a reconocerlo en los hechos, del valor institucional del Poder Ejecutivo federal, a quien se suele identificar con “el gobierno” en ese nivel.

El golpe de timón tendrá que ser de 180 grados para poder entender que no es el Ejecutivo el gobierno, sino los tres poderes, y que la democracia es función, y no “meta” que pueda alcanzarse en definitiva y por siempre, de una vez por todas.

Para conseguir ese giro, el papel de la sociedad civil está llamado a ser preponderante. Ella tendrá que intervenir todavía más destacadamente de lo que ya lo hace y, por supuesto, mucho más allá de lo que implica la participación en los comicios sin el patrocinio de algún partido político.

Tendrá que ubicarse en una posición más generalizadamente informada, participativa y critica, de modo que la superación partidaria no se quede en la generación de mecanismos nuevos de manipulación y control de los sistemas sociales. El control debe subir capilarmente, no caer desde el poder como cascada.

Después de las elecciones debe seguir el gobierno desde el derecho, con la activa vigilancia de la sociedad civil y su control efectivo sobre la actividad gubernamental.

Es innegable que existen atisbos de tal condición en el contexto político contemporáneo, pero es necesario cuidar ese embrión y no cejar en el camino de cultivarlo, ordenada y estructuralmente, y aunque no es algo que parezca estar cerca, hay que seguir pugnando por ello con denuedo y perseverancia.
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