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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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09 Mayo 2017 04:07:00
Los días contados
Las elecciones del 4 de junio están marcadas por la incertidumbre y la expectativa de la primera alternancia en uno de los cuatro estados del país gobernados por el PRI desde 1929 (hace 88 años). Esta vez, nadie sabe a ciencia cierta quién será el sucesor de Rubén Moreira, cuyo ocaso se acelerará cuando cierren las casillas, pero en cualquier circunstancia los días del moreirato están contados. Los tiempos de cuando en México se sabía por cuántos votos ganaría el candidato oficial, antes de que las urnas abrieran –como Óscar Flores Tapia se jactó ante su homólogo Bill Clements, hace casi 40 años, en el Capitolio de Austin, Texas– terminaron. Forman parte de la historia, añoranzas de la “dictadura perfecta” desterrada a escala federal pero reimplantada en las entidades a golpe de presupuesto.

El PRI desarrolló en los últimos años nuevos métodos para agenciarse el voto de los grupos marginales, basados en la entrega de apoyos municipales, estatales y federales (pequeñas obras, despensas, láminas, tinacos, dinero en efectivo…), el adoctrinamiento, la organización territorial y la movilización de los beneficiarios a las urnas. Sin embargo, en elecciones altamente competidas, como las del 4 de junio en Coahuila, Estado de México y Nayarit, operaciones y estructuras tipo Zafiro (exportada por Coahuila al resto del país) y Comppas (Comités de Política Popular y Acción Social) no aseguran resultados positivos, pues su alcance es limitado.

Por única vez desde su fundación, el PRI no tiene el triunfo como en la bolsa debido a la concurrencia de una serie de factores. El más grave consiste en la erosión de la marca Moreira, acumulada en 12 años de gobierno; la deuda de 40 mil millones de pesos impuesta por Humberto; los juicios en Estados Unidos contra exfuncionarios y empresarios de Coahuila vinculados al poder por lavado de dinero, robo de caudales públicos, delincuencia organizada y fraude bancario; el caso de las empresas fantasma y otros escándalos de corrupción.

La presentación del exgobernador Humberto Moreira como candidato a diputado por el Partido Joven y las bravatas contra sus críticos –periodistas, líderes de oposición y el expresidente Felipe Calderón– reavivan la inquina social y política contra el clan y agravan el escenario para el PRI en los comicios del 4 de junio. Moreira pudo haber sido exonerado en Coahuila y en México por la sustracción de recursos públicos para pagar a empresas fantasma y por la deuda irregular adquirida en su mandato –parte de la cual habría servido para financiar campañas en otros estados e incluso la del presidente Peña–, pero aún no se salva de los procesos iniciados en Estados Unidos y en nuestro país por lavado de dinero y delincuencia organizada.

La inminente extradición a Estados Unidos del empresario lagunero Juan Manuel Muñoz Luévano, el “Mono”, operador de los Zetas, puede significar para Moreira el inicio de una nueva pesadilla. Tomás Yarrington ya empezó a vivir la suya. El exmandatario de Tamaulipas fue apresado el 9 de abril en Florencia, Italia, a petición del Gobierno norteamericano, justamente por los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. También se investiga su participación en el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la Gubernatura de Tamaulipas, el 28 de junio de 2010.

Aun expulsado del PRI, Humberto Moreira representa una bomba de relojería para Peña Nieto. Si no explota antes de las elecciones del 4 de junio en Coahuila, lo hará en las presidenciales de 2018. Todo el mundo escucha el tictac, menos el valentón.
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