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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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26 Noviembre 2017 04:00:00
Los medios, su financiamiento y la Suprema Corte de Justicia de la Nación
La causa aparente fue la libertad de expresión, pero del contexto de la sentencia de amparo que se comentó aquí la semana anterior -el otorgado a “Artículo 19” en el expediente 1359 /2015- pareciera que la preocupación central, más que en la libertad de expresión, estuviera fincada sobre el factor financiero. Así se desprende, al menos, de la expresión de agravios por la parte promovente y del peso que en las consideraciones que motivaron la concesión del amparo dio al tema la primera sala de la Suprema Corte:

La quejosa, según la propia sentencia consigna, “sostuvo que la omisión de expedir la ley…viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos”, lo que, en principio, plenamente correcto y por lo tanto aceptable.

Al considerar fundado ese agravio, la sentencia expone diversos razonamientos para justificar su apreciación. En primer lugar, ratifica el criterio, sostenido por ese tribunal, de que la libertad de expresión constituye “una precondición de la vida democrática”, lo que no está a discusión.

En cambio, de ahí a la afirmación de que, como los medios de comunicación necesitan ingresos económicos para poder operar y cumplir con esa función, requieren del financiamiento público porque en México “es una realidad innegable que los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública realizan cotidianamente actividades de comunicación social para cumplir con fines informativos, educativos o de orientación social [y en] esta lógica, los ingresos que obtienen los medios para difundir comunicación social del gobierno pueden ser indispensables para que éstos se mantengan en operación, especialmente en épocas de crisis”.

Abunda en su argumento apoyándose en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que en su informe de 2003 -hay uno varios más recientes, el último de 2016- destacó que “los costos de producción de los medios de comunicación son elevados, y la forma más lucrativa de cubrir esos gastos es una amplia publicidad”, aclarando que en la región -Latinoamérica- “existen informes de numerosos medios de comunicación que indican que reciben del Estado entre el 40% y el 50% de su ingreso”.

De ello deduce que para “algunos” medios de comunicación, la supresión de esos ingresos “puede implicar que ya no tengan los recursos económicos necesarios para poder seguir funcionando”, y por lo tanto concluye, equivocadamente me temo, que “la dependencia de los medios de comunicación del gasto en comunicación social del gobierno es una situación que sin lugar a dudas supone una amenaza a la libertad de expresión”, y tanto que, como ha sostenido también la relatoría mencionada, puede considerarse que la negativa de asignación de publicidad estatal sea tan fundamental que “tenga un impacto tan adverso que equivalga a una multa o una condena de cárcel”, lo que no deja de ser, a todas luces, exagerado, porque aceptarlo conduciría a concluir que el estado estaría obligado a financiar a los medios, cosa contra la cuál el mismo tribunal se apresura a prevenir al afirmar, contradictoriamente, que es “importante aclarar que ni de la libertad de expresión ni de ninguna otra disposición constitucional se desprende que los medios de comunicación tengan un derecho a que se les asignen recursos estatales por difundir publicidad oficial”.

¡Claro! Si fuera de otro modo, tendrían que financiarse con recursos públicos muchísimas otras actividades privadas, si no es que todas, para garantizar derechos tales como la libertad de ocupación y trabajo, el derecho a la educación, etc.

Hay más, porque a esa confusión tendrían que añadirse otras consecuencias nada deleznables, de las que habrá que ocuparse esta columna en posterior entrega, porque en la actual ya consumió su espacio.

Que tengan buena semana.
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