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03 Diciembre 2018 04:00:00
Los primeros 100 días de Gobierno
Por Rodrigo Alpízar Vallejo

Concluye la larga etapa de transición de Gobierno con la toma de protesta al Presidente de la República. Un evento republicano que muestra la madurez política e institucional que ha alcanzado el Estado mexicano. La celebración no podría haber estado mejor. Nuevos estilos, nuevos conceptos y una nueva interpretación del modelo de desarrollo para México: “¡Por el bien de todos, primero los pobres!”.

La inédita transición de Gobierno facilitó la organización de un gabinete de transición y sendas consultas sectoriales y ciudadanas que permitieron redondear al menos 100 acciones del nuevo Gobierno que marcan un hito en el desarrollo social del país.

México cuenta con un sistema nacional de planeación democrática que establece, que en los primeros 120 días de Gobierno, se tendrán que realizar diversas consultas especializadas por tema, sector y región, para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual deberá presentarse hasta el último día de febrero de 2019 al Congreso de la Unión y que tendrá al menos tres meses para validarlo, observarlo y aprobarlo.

“La planeación nacional de desarrollo, es la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen”.

La importancia del PND radica en que los proyectos de iniciativas de leyes y los reglamentos, decretos y acuerdos que formule el Poder Ejecutivo, señalarán las relaciones que existan entre el proyecto de que se trate con el Plan y los programas sectoriales, especiales y regionales respectivos.

Para los puristas que sólo contemplan el procedimiento de consulta del Artículo 35 de la Constitución, olvidan que, desde 1982, el Estado mexicano creó el Sistema Nacional de Planeación Democrática que establece por ley la “participación” y la “consulta” de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere la Ley.

“Las organizaciones representativas de la sociedad, obreros, campesinos, pueblos indígenas y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Asimismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión”.

La Ley de Planeación establece que las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades. En los asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo federal consultará, en forma previa, a las comunidades indígenas para que emitan la opinión correspondiente.

El Plan Nacional de Desarrollo considerará una visión de largo plazo de la política industrial, a fin de impulsar la promoción permanente del incremento continuo de la productividad y la competitividad sectorregional:

“El Plan deberá contener por lo menos lo siguiente: I.- Un diagnóstico general sobre la situación actual de los temas prioritarios que permitan impulsar el desarrollo nacional, así como la perspectiva de largo plazo respecto de dichos temas; II.- Los ejes generales que agrupen los temas prioritarios referidos en la fracción anterior, cuya atención impulse el desarrollo nacional; III.- Los objetivos específicos que hagan referencia clara al impacto positivo que se pretenda alcanzar para atender los temas prioritarios identificados en el diagnóstico; IV.- Las estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos específicos señalados en el Plan; V.- Los indicadores de desempeño y sus metas que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos definidos en el Plan, y VI.- Los demás elementos que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables”.

El proyecto de nación para la cuarta transformación de la vida pública el país, así como los resultados de diversas consultas, foros, encuestas y las múltiples propuestas de diversos grupos de interés aportan, desde ya, un perfil del nuevo Gobierno, las acciones y proyectos de largo aliento, la premisa de la austeridad republicana y el combate decidido a la corrupción. La nueva Administración prefirió anunciar sus 100 proyectos prioritarios que se someterán a las consultas, que ajustarse a tradicionales programas de los primeros 100 días de gobierno, que también auguran un despliegue disruptivo.
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