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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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25 Febrero 2019 03:39:00
Los retos de Cárdenas
El informe de Miriam Cárdenas, el 14 de febrero, revistió particular interés por el involucramiento de jueces y secretarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) en el fraude del Infonavit cometido en las administraciones de Alejandro Murat (actual gobernador de Oaxaca) y David Penchyna (exvocero de Humberto Moreira en el y expresidente de la Comisión de Energía del Senado). La estafa ocurrió en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco, pero sobre todo en Coahuila. Se trata de uno de los actos de corrupción más deleznables en el sexenio de Peña Nieto, pues afecta a 300 mil trabajadores cuyo único patrimonio es su vivienda.

Cárdenas modificó el orden de su informe para abordar el caso que, dijo, representa “una situación inédita” en el Poder Judicial del Estado. La primera consecuencia ha sido la suspensión de seis jueces (cuatro de Torreón, uno de Parras y otro de Sabinas) y 12 secretarios de Acuerdo y Trámite acusados de faltas administrativas “graves y muy graves” en la tramitación de juicios. La magistrada no citó al Infonavit, de cuyo último director (Penchyna) fue compañera en la LXII legislatura federal; ella como diputada y él como senador.

El procedimiento administrativo, a cargo del Consejo de la Judicatura, determinará el tipo de sanción contra los funcionarios del TSJE, entre los cuales, inexplicablemente, no figura el magistrado Jesús Sotomayor, cuyo cacicazgo en La Laguna es pernicioso. La Fiscalía General y la Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción también deberán hacer su parte y fincar responsabilidades a los jueces y secretarios que incurrieron en delito.

En Nayarit, el Ministerio Público y el Congreso han sido más expeditos. Los magistrados Pedro Antonio Enríquez y Jorge Ramón Marmolejo y los jueces Braulio Meza, Mario Alberto Cervera, Justino Rodríguez y Baldomero Zamora fueron desaforados en diciembre pasado. Afrontan cargos por asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, tráfico de influencias y falsificación de documentos (El Heraldo de México, 21-12-18).

El caso brinda la oportunidad de demostrar que “en Coahuila nadie está por encima de la ley”, según advirtió Miguel Ángel Riquelme, para estar a tono con el presidente López Obrador. Ser calificada por el gobernador como “una de las abogadas y juristas más importantes de nuestro país”, le franquea a Cárdenas el paso para un segundo periodo en la presidencia del TSJE, pero antes la compromete a llevar el caso del Infonavit hasta sus últimas consecuencias.

El desvío de recursos del Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia a Ficrea –bajo el Gobierno de Rubén Moreira y la presidencia de Gregorio Pérez– sigue impune. De acuerdo con las cifras presentadas por Cárdenas, las “inversiones” en la financiera popular, cuyo nombre omitió, ascendieron a 89.9 millones de pesos, de los cuales se han recuperado 23.9 millones de pesos; el resto, 66 millones, aparecen como “cuentas por cobrar”.

¿Por qué usar eufemismos en lugar de llamar a las cosas por su nombre?

Los emisarios del “moreirato” en el máximo órgano judicial del estado representan una afrenta. Acaso por ello el deslinde de Cárdenas, quien demostró carácter y además tiene un nombre que debe cuidar: “He presentado este informe (…) con la convicción de que se puede mejorar la impartición de justicia y con el orgullo de ser honesta y trabajadora”. Pocos en el TSJE pueden decir lo mismo. La mayoría deshonra la toga.
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