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Silvia Guadalupe Garza Galván
Silvia Guadalupe Garza Galván
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Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván
Partido Acción Nacional
Primera Senadora de Mayoría Relativa en la historia de Coahuila

Nació en Monclova, Coahuila. Es Licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Nuevo León (1984) y actualmente es Senadora de la República representante del Estado de Coahuila en la LXII y LXIII Legislatura (2012-2018).

COMISIONES EN EL SENADO:

• Comisión Especial de Cambio Climático, (Presidenta).
• Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Secretaria).
• Comisión de Recursos Hidráulicos, (Secretaria).
• Comisión de Agricultura y Ganadería, (Integrante).
• Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, (Integrante).
• Coordinadora de Globe México.
• Parlamento Latinoamericano de las comisiones de Medio Ambiente y Turismo.

RESPONSABILIDADES ANTERIORES

• Delegada Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA (2008–2011)
• Diputada del H. Congreso de Coahuila de Zaragoza, en la LVII Legislatura (2006–2009).
• Subdelegada de PROFEPA (2005)∫
• Directora de Ecología, Parques y Jardines y Fomento Agropecuario de la Presidencia Municipal de Monclova, Coahuila (1997-1999)
• Miembro del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable-Región Noreste de la SEMARNAT.
• Coordinadora region centro del Edo de la SEMARNAT (2003-2004)

Otras Actividades

• Miembro de la Comision Permanente del CEN del PAN (Comité Ejecutivo Nacional)
• Consejera Nacional PAN
• Vicecoordinadora Administrativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República.
• Miembro Honorario del Colegio Mexicano de Biólogos A.C.

Ubicación en el Senado: Av. Paseo de la Reforma 135, Hemiciclo Piso 05 Oficina 32, Colonia Tabacalera . Cp. 06030, Delegación Cuauhtémoc, México D. F.
Teléfono: 53-45-30-00 Ext.: 3337, 3446
Correo Electrónico: [email protected]
Facebook: Silvia Garza Twitter: @Silvia_Garza Instagram: silvia_garzag

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29 Julio 2018 04:00:00
Los retos del sector ambiental
Una de las causas que ha motivado el deterioro ambiental en nuestro país es la ausencia de una coordinación efectiva entre las dependencias encargadas de velar por nuestros recursos naturales. Ninguno de los tres niveles de Gobierno (Federación, estados y municipios), ha ejercido a su interior, o en colaboración con los otros dos, un tratamiento transversal y equilibrado de los temas que inciden en el desarrollo nacional.

Esta falta de coordinación o transversalidad entre las dependencias también está relacionada con la necesidad de nuevas leyes y políticas que dirijan la adopción de enfoques que integren las diversas dimensiones del desarrollo sostenible. Entre las áreas pendientes destacan el manejo integral del agua, los bosques y selvas y las costas e islas; la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad; el cambio climático, la transición energética, el turismo sostenible; los efectos de los megaproyectos sobre la biodiversidad; y la planeación y desarrollo urbano.

Diversas organizaciones de la sociedad civil publicaron recientemente el documento: “10 por mx natural”, en el cual resaltan el problema de la falta de coordinación o transversalidad entre las dependencias de la siguiente manera: “Es urgente incorporar un enfoque ambiental transversal en el Sistema Nacional de Planeación Democrática. En particular, en el corto plazo, es vital asegurar la coordinación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el otorgamiento de subsidios al campo y el manejo de nuestros recursos pesqueros; la alineación de la Semarnat y las secretarías de Economía, de Energía y de Turismo para el aprovechamiento sostenible de nuestro territorio; y el fortalecimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Gendarmería Ambiental y la Guardia Costera para la efectiva protección de los recursos naturales terrestres y marino–costeros”.

A ello se suman serias carencias en materia presupuestaria. A nivel federal, la política ambiental del sexenio 2012-2018 estuvo marcada por un serio recorte que impidió transitar hacia un verdadero desarrollo sostenible. De este modo, en el presupuesto de egresos de 2018 se asignaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) apenas 37 mil millones de pesos, casi la mitad de lo asignado en 2015, monto que ascendió a 67 mil 900 millones de pesos.

De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), durante 2015 el gasto en protección al ambiente en México representó el 0.15% del PIB nacional. Ese mismo año, otros países de la región como Colombia y Brasil destinaron el 0.59% y el 0.51% respectivamente. Si bien existen claras diferencias entre los tres países respecto al tamaño del territorio y la diversidad de recursos naturales, es claro que la diferencia más notable es la voluntad política para hacer frente al compromiso de proteger y cuidar los ecosistemas que sustentan la vida.

Por ello, es indispensable que el presupuesto de la Semarnat vuelva al menos al nivel que tenía en 2015 y que, gradualmente, se incremente de manera acorde a los retos que enfrenta, que no son pocos: calidad del aire y agua, cambio climático, biodiversidad, bosques, áreas naturales protegidas, residuos peligrosos, impacto ambiental, vigilancia y cumplimiento de la ley, entre otros. Tal incremento en el presupuesto debe replicarse en las dependencias encargadas de tutelar el medio ambiente a nivel estatal y municipal.

En el ámbito legislativo el sexenio 2012-2018 estuvo marcado por un lado por importantes avances sectoriales, mientras que por el otro destacó la falta de productos legislativos que buscaran armonizar marcos los cuerpos legales ambientales y sociales afines. Ejemplos de los avances sectoriales durante la presente administración fueron la ratificación del Acuerdo de París en materia de cambio climático y la aprobación de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Cabe resaltar que uno de los esfuerzos para impulsar la armonización legislativa fue el paquete de reformas sobre seguridad climática, presentada por la suscrita en diciembre de 2017. Este paquete propuso modificar el artículo 26 constitucional y 19 leyes sectoriales, buscando abordar de forma transversal la prevención de los posibles riesgos que el cambio climático implica para la integridad de los ecosistemas y, por extensión, de las poblaciones humanas que dependen de ellos para su subsistencia.

Nos leemos la próxima semana. ¡Muchas gracias!
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