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Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento
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Empezó su carrera profesional en la revista Siempre! a los 17 años, cuando era todavía estudiante de preparatoria. Obtuvo la licenciatura en filosofía con honores de la Universidad York de Toronto, Canadá. A los 22 años entró a trabajar como redactor en Encyclopaedia Británica Publishers, Inc. y dos años más tarde fue nombrado director editorial de las obras en español de la empresa.

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15 Agosto 2017 04:00:00
Lozoya y Odebrecht
Tres exejecutivos de Odebrecht, la constructora brasileña, han declarado que entregaron 10 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex. Entre ellos destaca Luis Alberto de Meneses Weyll, quien dirigía las operaciones de la firma en México. El dinero presuntamente habría servido para facilitar el otorgamiento a Odebrecht de un contrato para la reconversión de la refinería de Tula.

Lozoya respondió este domingo: “Niego categóricamente estas aseveraciones. He reiterado mi interés de que este tema sea investigado y sancionado, pero es lamentable que esto se lleve a chismes y acusaciones sin fundamento ni pruebas”.

La información se había dado a conocer con anterioridad, pero este fin de semana un grupo llamado Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas publicó un reportaje sustentado en las declaraciones. Éstas son lo que en Brasil se denominan “delaciones premiadas”, es decir, declaraciones que generan beneficios judiciales a los declarantes, siempre y cuando involucren a terceros importantes. Es una figura similar a la de los testigos protegidos estadunidenses que con el tiempo se convirtieron en testigos beneficiados o incluso pagados.

Los exejecutivos han declarado que las primeras entregas de dinero se hicieron en marzo de 2012, cuando Lozoya no era director de Pemex ni Enrique Peña Nieto presidente. El contrato en cuestión parece ser uno otorgado el 15 de febrero de 2014 a Odebrecht por un monto de mil 436 millones de pesos.

Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, ha señalado que las cuentas en las que se hicieron los depósitos no están a nombre del exfuncionario ni tienen relación con él. “Dice el testigo que estuvo comiendo en casa de Emilio Lozoya –señaló ayer en entrevista–. Que me diga dónde está la casa”.

Las acusaciones tienen ya, por supuesto, un impacto político. Los líderes de la oposición en el Congreso han exigido que Lozoya sea castigado (antes de ser juzgado) mientras que Andrés Manuel López Obrador de Morena preguntó en redes sociales para qué se usaron los primeros pagos de Odebrecht: “¿Para la campaña de Peña?”

Hasta este momento los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos forma de saber si realmente Lozoya recibió pagos indebidos. Una declaración por sí sola no es prueba, especialmente cuando se otorga a cambio de beneficios judiciales. Los testigos beneficiados o pagados son siempre dudosos, pero las declaraciones tampoco se pueden descartar como si no existieran.

Lo bueno es que en este caso hay pistas para saber si realmente se realizaron pagos indebidos. Los exdirectivos de Odebrecht dicen que tienen registrados las transacciones. Aunque los beneficiarios estén en paraísos fiscales, con una orden judicial se puede exigir la entrega de los registros. Ahí será fácil determinar si el dinero terminó en cuentas de Lozoya o no. Diez millones de dólares es una cantidad difícil de esconder, una vez que se tiene el rastro. La otra clave es el contrato de la refinería de Tula. ¿Se licitó o no, y, en todo caso, fue correcta la asignación?

El tema es demasiado importante como para dejarlo en simples declaraciones de testigos beneficiados o en la negación de los sobornos. Los políticos buscarán aprovechar las declaraciones para favorecer sus causas, pero los mexicanos merecemos saber si realmente hubo actos de corrupción para la adjudicación de éste o de otros contratos. Si los hubo, los responsables deben ser simplemente procesados y castigados. Si no los hubo, se merecen una disculpa.

Salgado y el narco

Rigoberto Salgado, jefe delegacional en Tláhuac, se encuentra en una situación similar. Se le acusa de tener vínculos con el narco, pero hasta la fecha no se ha demostrado. El tema no debe ser de consigna política, sino de pruebas.
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