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26 Agosto 2018 04:00:00
Lula: entre la cárcel y la presidencia
Por Gerardo Blanco

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado a 12 años de prisión por su presunta responsabilidad en el caso de corrupción conocido como “Lava Jato”, razón que lo tiene encarcelado desde el pasado mes de abril. A pesar de su aislamiento, el exmandatario transmutó su celda en despacho y, por medio de sus abogados, ha tejido una red de contacto con la estructura partidista para organizar y emprender una estrategia cuyo objetivo es la candidatura presidencial que lo regrese al palacio de Planalto.

Sin embargo, su principal obstáculo se llama Ley Ficha Limpia –aprobada en mayo de 2010, todavía bajo su gestión presidencial–, que prohíbe a quienes han sido condenados, en dos instancias judiciales, postularse para cargos de elección popular. Tal es el caso, al haber sido condenado por el envalentonado juez Moro y, en segunda instancia, por un tribunal de Porto Alegre, que confirmó los cargos y aumentó la pena de 9 a 12 años de prisión.

A pesar de ello, el pasado 15 de agosto, el Partido de los Trabajadores registró a Lula como su candidato para la Presidencia, cuya legalidad corresponde resolver al Tribunal Superior Electoral (TSE), mediante una resolución que, a más tardar el 17 de septiembre, determine si el aspirante cumple o no con los requisitos de elegibilidad.

Para la elección presidencial que se llevará a cabo el próximo 7 de octubre, las encuestas electorales colocan al expresidente en primer lugar en intención del voto. De acuerdo con la encuestadora Datafolha, Lula tiene una intención de voto que pasó de 30% en junio a 37% en agosto.

En un lejano segundo lugar, el ultraderechista y militar, Jair Bolsonaro, tiene una intención de voto de apenas 19 por ciento. Estos datos revelan que, de ser candidato, lo más probable es que Lula se convierta nuevamente en presidente de Brasil. Las encuestadoras MDA e Ibope confirman, con algunas variables, las cifras anteriores.

Bajo este escenario, se anticipa un revés por parte del TSE a la candidatura de Lula. Por tal motivo, el Partido de los Trabajadores ha construido una campaña con el fin de posicionar a Fernando Haddad como el sustituto para la candidatura presidencial. En esencia, la campaña denominada “Lula es Haddad”, pretende transferir el mayor número de votos y adeptos a este último en busca de obtener el triunfo electoral.

La mala noticia para el Partido de los Trabajadores es que las propias encuestas revelan que Haddad sólo tiene 4% de intención del voto. Además, las mediciones señalan que únicamente 17% de los partidarios de Lula se inclinarían por una posible candidatura de Haddad; saliendo mayormente beneficiada con la dispersión del voto la ecologista Marina Silva, quien se encuentra en tercer lugar.

Resulta trascendental que este embrollo ha tomado tintes de rango internacional, ya que, hace algunos días, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronunció para solicitar al Estado brasileño que tome las medidas necesarias que permitan a Lula da Silva ejercer sus derechos políticos desde prisión. A este pronunciamiento se han adherido mandatarios y juristas de diferentes países de Europa y América Latina, exigiendo que se respeten las derechos de Lula, bajo el argumento de que el proceso legal que derivó en su condena fue imparcial.

Por su parte, el periódico estadunidense The New York Times ha emprendido la ofensiva mediática mediante diversas publicaciones en apoyo a la candidatura de Lula; incluso, el pasado 14 de agosto, publicó una carta escrita por el exmandatario donde solicita “democracia, no impunidad”.

La gran disyuntiva para el TSE radica en tomar uno de dos caminos posibles. Por un lado, respetar el estado de derecho apegándose a lo establecido por sus normas internas o, por el otro, ceder ante las presiones políticas y mediáticas para permitir a Lula aparecer en la boleta presidencial, mandando un mensaje internacional de que la justicia brasileña no se utiliza para fines políticos. Todo hace presumir que será lo primero.
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