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Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento
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Empezó su carrera profesional en la revista Siempre! a los 17 años, cuando era todavía estudiante de preparatoria. Obtuvo la licenciatura en filosofía con honores de la Universidad York de Toronto, Canadá. A los 22 años entró a trabajar como redactor en Encyclopaedia Británica Publishers, Inc. y dos años más tarde fue nombrado director editorial de las obras en español de la empresa.

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10 Abril 2018 04:00:00
Lula y la corrupción
Luiz Inácio Lula da Silva está en primer lugar en las encuestas para la elección presidencial de Brasil que tendrá lugar el próximo mes de octubre. También está en la cárcel.

Se le acusa de “corrupción pasiva” y de haber recibido un apartamento de lujo de una empresa constructora a cambio de un trato preferencial de su Gobierno. Como es inevitable, el caso se ha politizado.

El Partido de los Trabajadores y otros grupos de izquierda proclaman su inocencia y afirman que está siendo objeto de una persecución política para impedirle regresar a la Presidencia. Aquí en México, Cuauhtémoc Cárdenas pidió al Gobierno mexicano que se pronuncie a favor de su liberación. Veo, por otra parte, comentarios de la derecha que consideran que Lula merece estar en la cárcel por corrupción. No falta quien diga que cómo es posible que en Brasil sí se encarcele a un expresidente por corrupción mientras que en México ningún expresidente está en la cárcel.

La acusación contra Lula, sin embargo, no me convence. Se basa en una declaración de Léo Pinheiro, exdirector ejecutivo de la constructora OAS, que, como los ejecutivos de Odebrecht, recibió beneficios del juez de investigación, Sérgio Moro, para inculpar a políticos.

Según Pinheiro, OAS le dio a Lula y a su esposa, ya fallecida, un apartamento en Guarujá, la playa más popular de São Paulo. El primer problema de la acusación es que ese tríplex nunca estuvo a nombre ni de Lula ni de su esposa. Tampoco se ha señalado cuál fue la contraprestación que OAS obtuvo de Lula.

El apartamento de 240 metros cuadrados sí fue visitado por la familia en dos ocasiones y el Presidente estuvo presente en una ocasión. Lula ha señalado que a su esposa, Marisa Letícia, le gustaba el apartamento, pero él le encontró “500 defectos”. Lula había pagado antes un enganche para comprar un apartamento de 80 metros de una cooperativa vinculada con el Partido de los Trabajadores. La cooperativa, sin embargo, quebró y OAS se quedó con lo que se había hecho del proyecto. De ahí surgieron las visitas.

Pinheiro afirma que el apartamento estaba reservado para Lula, pero no hay ninguna indicación de que haya sido de su propiedad o de alguien de su familia. Una de las pruebas presentadas por el juez es un borrador de un presunto contrato que se encontró en casa de Lula, pero resulta que no está firmado. Otra de las pruebas presentada es que los vecinos “decían” que el apartamento era de Lula. En otras palabras, el chisme es ya una prueba.

Nunca se sometieron pruebas sobre operaciones en que Lula supuestamente haya influido de manera indebida en algún contrato de OAS. Por eso la acusación en su contra es por “corrupción pasiva”. El juez Moro sostiene que aunque el Presidente no haya ordenado que se favoreciera a la empresa en alguna licitación en particular, no intervino para impedir actos genéricos de corrupción. O sea, eres culpable, aunque no sé de qué.

No tiene uno que estar de acuerdo con las políticas económicas de Lula, las cuales produjeron un auge artificial inicial para concluir después en un desplome económico, para darse cuenta de que las acusaciones en contra del expresidente son endebles o simplemente falsas. Condenar a una persona sólo por la declaración de un testigo pagado o beneficiado, cuando no hay ninguna otra prueba condenatoria, es inadmisible en cualquier sistema que valore la presunción de inocencia.

¿DOLOSO?

El médico Luis Alberto Pérez operó a un menor en una clínica de Oaxaca, pero el paciente sufrió una crisis alérgica y falleció. La Fiscalía estatal lo acusa de homicidio doloso, con premeditación de matar. La acusación no sólo es injusta, sino que puede provocar que se dejen de realizar miles de operaciones riesgosas. Mejor dejar morir al paciente que arriesgar 20 años de cárcel.
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