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Yuriria Sierra
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13 Septiembre 2015 04:00:30
Maduro caradura
“Nuestra lucha es muy concreta, muy clara. Por una Venezuela en donde todos los derechos sean para todas las personas. Que no haya discriminación. Que no se abuse del poder. Que no se le violen los derechos a nadie, que todos tengan acceso a la salud, al trabajo, a una vivienda. Todos los derechos para todas las personas...”, grita Leopoldo López desde su celda en la cárcel militar de Ramo Verde. Lo escuchamos y vimos en un video difundido a través de la cadena
CNN. Fue grabado en octubre de 2014 por alguien que, según el canal informativo, pidió el anonimato por motivos de seguridad. En el video, López sostiene una conversación desde su celda con Daniel Ceballos, quien fuera alcalde de San Cristóbal y quien en ese entonces se encontraba encarcelado en el mismo lugar que el líder opositor al mandato de Nicolás Maduro.

Tras 18 meses preso, López recibió hace un par de días su sentencia: 13 años, 7 meses, 7 días y 12 horas, por haber enfrentado al régimen de Maduro, por haber salido a las calles, por levantar la voz, por buscar la manera de formar una sociedad venezolana más informada y, también, una que pueda cubrir sus necesidades más básicas, algo que hoy depende enteramente de las manos del g obierno de Maduro, pues es desde ahí donde se decide qué dan y a quién, en
una filosofía dictatorial que ha sumido a Venezuela en una profunda crisis de desabasto, devaluación, pobreza e inflación, todo herencia del gobierno de Hugo Chávez.

Y a Nicolás Maduro poco le importa su reputación ni el juicio que su pueblo o el tiempo harán de él y sus acciones. Nada, a decir verdad. Pienso, ¿a qué enemigo de la libertad le ha importado? El tramposo reflejo al espejo que los hace creerse todopoderosos, únicos poseedores de la verdad. Allá aquel que no comulgue con sus ideas, porque será tratado como un criminal, será detenido y encarcelado. Así entiende él la democracia, como una farsa, como un disfraz para
una dictadura que –asumida o no– cobra altas facturas a quienes se muestran opositores. La sentencia a Leopoldo López es justo eso, le confirma a Venezuela que hoy viven en una falsa democracia, aunque constitucionalmente esté construida como tal, sino que también viven en un territorio en donde es un crimen pensar distinto a quien está a cargo de su gobierno. A López lo sentenciaron como parte de una persecución política, porque sus movilizaciones iniciaron los
cuestionamientos al gobierno de Maduro. Estratégicamente, esta condena llega en vísperas de elecciones, tan conveniente para el Gobierno venezolano cerrarle todas las posibilidades. Venezuela pide a gritos un cambio, que regrese la paz, que llegue con la certeza de saber que hay algo que servir en la mesa. Así de grave es la crisis venezolana. Poca seguridad ante las más elementales necesidades de sus ciudadanos; la única seguridad, vemos hoy, es que el Gobierno
no se cansará de perseguir a sus opositores.

Nicolás Maduro cumple con el mismo perfil sicocriminal de aquellos que en su delirio, en su falsa y absurda grandilocuencia, ya ni siquiera se preocupan por la reputación que tienen ante el mundo, nada les importa ni el respeto ni la aprobación ni la reputación ante el mundo entero: mucho menos el qué dirá la historia de su ignominioso proceder. Como a todo caradura, lo único que le interesa es autoconvencerse de que sus desafiantes, ilegales y autoritarias acciones no
tendrán ningún tipo de consecuencia... Y sólo la pasividad de la comunidad internacional es la que hasta hoy suscribe, con su falta de sanciones, dicha convicción: la del caradura.

ADDENDUM. En 2005, el priista Raúl Cervantes fue denunciado por su entonces esposa, Angélica Fuentes, heredera del Grupo Imperial Corporativo en Ciudad Juárez, quien lo acusó por violencia física (entre otras “finezas” la quiso, incluso, estrangular). Y resulta que hoy, este senador con licencia pretende convertirse en ministro de la SCJN, para diciembre, mes en que Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza terminan su periodo en la Corte... Lástima para Cervantes que la ley diga que para ocupar ese cargo tendría que haber dejado el Senado al menos un año antes. Pero, sobre todo, es inadmisible que un hombre con antecedentes ingrese al Máximo Tribunal, ahí dónde se discuten tantos, tantísimos casos de violencia de género. Ya con el escándalo de Góngora, la Corte tuvo suficiente.
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