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Fernando de las Fuentes
Fernando de las Fuentes
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29 Julio 2017 04:00:00
Más allá de los alegatos
Más allá de las posturas y los alegatos entre actores políticos, está la democracia, ese sistema creado justamente para propiciar un equilibrio en la diversidad, que garantice equidad a todos los participantes en los procesos electorales y respeto a los derechos de todos los ciudadanos.

Para dar tales garantías existen leyes, de las cuales derivan instituciones exprofeso, cuya legitimidad y fortaleza provienen más de la confianza de los actores políticos y los ciudadanos, que de su oficialidad.

Por eso es que la gobernabilidad, es decir, la cualidad de gobernable, de cualquier país, comienza con la confiabilidad de sus órganos electorales, una de cuyas principales funciones es asegurar la limpieza y la transparencia de los comicios y, por supuesto, de su propia operación.

Dicho esto, imagínese las repercusiones de los evidentes y sobresalientes malos manejos, tropiezos y “descuidos” en el proceso de fiscalización del gasto de campaña en las recientes elecciones en Coahuila, algunos de ellos notoriamente intencionales, con el afán de anular la elección, violentando con ello los derechos políticos –ergo humanos–, de la mayoría de los votantes, que favoreció a Miguel Riquelme.

Años nos costó a los mexicanos darle al Instituto la confiabilidad que perdió de un tajo. Pero recapitulemos: como la oposición no pudo demostrar el fraude electoral que tanto presumió para Coahuila, pero que nunca hubo –en primera instancia porque no existe como figura jurídica, se trata únicamente de una argucia argumentativa–, recurrió a la acusación del rebase en los topes de gastos de campaña, incluso a sabiendas de que la falta era en realidad suya.

Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional comprobó en tiempo y forma que gastó conforme a la norma, y que por tanto Miguel Riquelme ganó legal y legítimamente.

A pesar de ello, o por ello, se resolvió en contra, haciendo valer lo inválido: reformas al Reglamento de Fiscalización que no fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, como mandata el Artículo 43 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, y ni siquiera en la Gaceta del Instituto, como lo establece el Artículo 27 del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Se trata de un acto por demás impugnable, porque también viola la garantía de certeza jurídica, de acuerdo con la cual debían fiscalizar aplicando la misma norma con que se gastó y se comprobó el gasto.

El resultado, ficticio por supuesto, es que el PRI gastó de más; el real es una traición no sólo a la mayoría de los coahuilenses, que votó por Miguel Riquelme, sino a todos los mexicanos, que veníamos confiando en el Instituto.

No hay nada que excluya el requisito de publicidad de las leyes. La ignorancia de las mismas no excusa de su cumplimiento, justo porque han sido dadas a conocer oficialmente y con suficiencia. El INE no lo cumplió.

El acuerdo inédito es el INE/CG875/2016 que, entre otras reformas, adiciona un Artículo 46 bis y una fracción VII al inciso d, del numeral 1 del Artículo 143, normas inválidas bajo las cuales se determinó el rebase en el tope del gasto de campaña del PRI y solo del PRI. Se puede encontrar en: sitios.te.gob.mx/normativa_fiscalizacion/media/files/cfd78c9eea1a5ed.pdf, liga sin validez para ser publicación oficial.

Hay quienes, confundidos o malintencionados, aseguran que las reformas sí están en el DOF, y citan una publicación del 6 de julio de 2016, cuando el acuerdo se tomó cinco meses después.

Afortunadamente, no es el Instituto de estos consejeros perversos el que tiene la última palabra sobre los gastos de campaña –que no, ¡ojo!, la legalidad de la elección. Ese es otro proceso–, sino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha dado ejemplo de imparcialidad y criterio vanguardista, no sólo en materia de derechos políticos, sino humanos en general.
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