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12 Agosto 2018 04:00:00
¿Más partidos políticos en Coahuila?
Por: Gerardo Blanco

El punto de quiebre que inició la transición democrática en México, en gran medida, se debe a la reforma político-electoral de 1977. Fue el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, el encargado de construir el consenso y acordar las reglas con las minorías para encausar un sistema electoral y de partidos que, como eje fundamental, garantizara la pluralidad política.

Esta y diversas reformas constitucionales subsecuentes, con el paso del tiempo, demostraron la importancia que tiene la existencia de un sistema de partidos que garantice a los ciudadanos conformar nuevas fuerzas políticas que representen diversos intereses y sectores de la sociedad, que respalde nuevas posturas ideológicas y de Gobierno y, por ende, que encarnen una refrescante opción para el electorado, multiplicando así nuevas ofertas en el universo heterogéneo, desigual y contradictorio que conforma nuestra sociedad.

En este sentido, la reforma político-electoral de 2014 estableció un nuevo y centralizado modelo para la constitución de partidos políticos tanto a nivel nacional como en las entidades federativas.

Dichas reglas, en síntesis, establecen que los procedimientos para constituir partido políticos sólo podrán iniciar en enero del año posterior al de la elección de gobernador, por lo que dicho derecho queda acotado a cada 6 años. Además, se requiere crear una asociación civil y abrir una cuenta bancaria a nombre de la A.C.; se debe cumplir con la obligación de presentar informes mensuales donde comprueben el ingreso y el gasto de los recursos implementados en la consecución de los requisitos, entre otras exigencias mínimas.

Una vez revisados y acreditados dichos requisitos, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) debe notificar a la Asociación para efectos de que continúe con la segunda –y más importante– parte del procedimiento, esto es, para efectos de que acredite el apoyo de cuando menos el 0.26% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de Coahuila, mediante la celebración de al menos 11 asambleas distritales o 25 municipales.

Sin embargo, en el caso coahuilense, el IEC decidió, bajo un criterio subjetivo de medición del humor popular respecto al hartazgo hacia los partidos políticos, cancelar el procedimiento de las 13 asociaciones interesadas en conformarse en este tipo de organizaciones. Mediante un decisión arbitraria y violatoria de todas las normas del proceso, adelantó por más de 10 meses su atribución de emitir un dictamen para fiscalizar el ingreso y gasto de los recurso, aplicando, por si fuera poco, la sanción más grave sin atender el procedimiento establecido en la ley para tales efectos.

Sin otra puerta de salida, con más de 4 meses de retraso respecto a los plazos legales, violando el derecho de los interesados a una justicia efectiva, pronta y expedita, el Tribunal Electoral de Coahuila emitió la inevitable sentencia mediante la cual corrigió las múltiples y voluntarias violaciones al procedimiento por parte del IEC, ordenándole, en algunos casos específicos, que continúe con los referidos procedimientos cuyo desenlace se empezará a hacer visible a partir de enero del año próximo.

¿Cuántos partidos políticos son muchos, seis, 10, 26? ¿Cuántos partidos políticos son pocos, uno, dos, cinco? Seguramente hay un sin fin de opiniones; sin embargo, esa decisión, invariablemente, se encuentra sujeta a la propia decisión de la ciudadanía mediante el ejercicio de sus derechos de afiliación y voto activo.

Las autoridades electorales deben, les guste o no, cumplir con lo que mandara la ley, respetando en todo momento el principio de legalidad y el estado de derecho, y no, como sucede en el presente caso, tomar decisiones que busquen congeniar con el sentir ciudadano.

El IEC debe aplicar la norma y el Tribunal Electoral revisar la constitucionalidad y legalidad de sus actos; pero ninguna de estas dos autoridades está para valorar la pertinencia política y el impacto en la opinión pública que pueden tener la aplicación de las leyes.

La idoneidad de los requisitos, el financiamiento público y la falta de representatividad de los partidos políticos son parte de otro debate. Que se hará, por supuesto.
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