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Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela
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Rubén Aguilar Valenzuela. Licenciado en Filosofía, Maestro en Sociología y Doctor en Ciencias Sociales. Presidente Ejecutivo de Afan y Asociados, S.C. Es profesor de Ciencias Políticas y de Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Fue Coordinador de Comunicación Social y portavoz de la Presidencia de la República (2004 al 2006) y también de la Secretaría Particular del Presidente (2002 al 2004). Ha sido consultor de UNICEF, UNESCO, OEA, PNUD, BID, BM, UE y agencias de cooperación de Holanda, Alemania y Estados Unidos. En México del IMSS, DIF-Nacional, INI, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la Ciudad de México y de la Coordinación Presidencial para la Alianza Ciudadana. Fue editor de la revista Cuadernos del Tercer Mundo. Editorialista de El Universal (México), El Financiero (México) y articulista de las revistas Estrategia y Proceso. Actualmente su columna se publica dos veces por semana en El Economista (México) y una veintena de periódicos de los estados. Escribe mensualmente en la revista Etcétera temas de comunicación política. Es autor de quince libros. Los más recientes: La comunicación presidencial en México 1988-2012 en colaboración con Yolanda Meyenberg Leycegui (2015), Los saldos del narco: el fracaso de una guerra, en colaboración con Jorge Castañeda (2012), y La Sociedad Civil en México (2012).

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21 Junio 2017 04:00:00
Mexicanos corruptos
La práctica de la corrupción está presente en todo el mundo, y como todos sabemos México no es la excepción, pero sí lo es que en nuestro país eso se puede hacer con total impunidad. No hay consecuencias por el hecho de corromperse. Esto vale para el político y el ciudadano.

Para el mexicano es muy fácil ver las acciones de corrupción del otro, pero no las suyas. Un ejemplo claro es que está bien que yo compre productos piratas, pero mal que el otro lo haga. En mi caso es una medida inteligente de ahorro y en el otro un acto de corrupción.

El 47% de los mexicanos dice no estar comprometido a obedecer la ley si la considera injusta, y 41% que está dispuesto a violarla si piensa que él tiene la razón, de acuerdo con un estudio de la UNAM.

Casi la mitad de los mexicanos, ante la falta de credibilidad de la ley y las instituciones que la hacen valer, se siente con el derecho de no acatarla y sólo respetarla en los casos que estime pertinente. La discrecionalidad ante la ley es siempre causa de corrupción.

Los ciudadanos no se ven como corruptos a pesar de serlo. El 70% de los mexicanos dice haber comprado alguna vez un producto pirata. A la pregunta de quién viola más la ley, sólo 7.8% dice que son los ciudadanos, 18% que todos y 68% que los políticos y funcionarios, de acuerdo con la misma fuente.

El 70% de los mexicanos piensa que en todos los niveles del Gobierno hay una amplia corrupción y 33% dice haber sobornado a un funcionario público. Del 100% de éstos, 60% a un policía y 55% a un integrante del sistema judicial, según la OCDE. En la visión de los mexicanos el soborno no es un acto de corrupción, sino una manera práctica de resolver un problema.

Con datos de la OCDE, al ciudadano común le queda más o menos claro, ronda en 60%, que no debe dar mordidas, que no debe violar las reglas de tránsito, que no debe evadir el pago de impuestos y que no debe evadir el pago del transporte público, pero con frecuencia hace precisamente lo que dice no es válido.

En el país hay un cúmulo de incentivos perversos que invitan a la corrupción. El más importante la impunidad, pero también ver que los servidores públicos del más alto rango y los dirigentes políticos y sindicales dan ejemplo de una cínica, perversa y millonaria corrupción que se asume como agudeza y capacidad.

En los últimos dos años, la sociedad ha llegado a un punto de inflexión en la tolerancia a la corrupción de los funcionarios y los políticos. Ahora es uno de los problemas más sentidos, junto con la carencia de buenos empleos y la violencia cotidiana. Esta conciencia se expresa en el hartazgo y enojo en contra de la política y los políticos.

Lo anterior es un cambio fundamental que rompe con años de tolerancia y permisividad a la corrupción de los servidores públicos. Ha llegado el tiempo de que los ciudadanos también sean menos tolerantes y permisivos con su propia corrupción y se decidan a respetar la ley.
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