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Alma Carolina Viggiano
Alma Carolina Viggiano
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La legisladora es originaria de Tepehuacan de Guerrero, Hidalgo, es abogada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tiene especialidades en las materias civil, procesal civil y mercantil en la Ciudad de México, así como diversos diplomados en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE). Ha sido secretaria general del PRI en Hidalgo y coordinadora estatal de campaña de Miguel Ángel Osorio. Anteriormente ha sido diputada local por el Distrito XV y diputada federal por el 01. Fue la primera mujer en prsidir el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo; fue integrante fundadora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Fue coordinadora estatal de la Comisión Interinstitucional para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Hidalgo; secretaria de Planeación y Desarrollo Regional y secretaria de Desarrollo Social en la misma entidad. Escribir a: [email protected]

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16 Octubre 2017 04:09:00
Morir en una cárcel
Hace unos días se registró una riña entre los internos del penal de Cadereyta, en Nuevo León, que dejó un saldo de 16 muertos y varios heridos. Las fuerzas de seguridad del estado tuvieron que intervenir para evitar que fueran asesinados algunos custodios que habían sido tomados como rehenes.

Ante esta noticia, familiares de los internos acudieron a las afueras del penal para informarse acerca de lo ocurrido. En plena calle, una mujer, al parecer empleada del centro penitenciario, iba leyendo la lista de quienes habían perdido la vida, como si se tratara de cualquier otra cosa y no de vidas humanas.

Diversos estudios de la UNAM, realizados en centros penitenciarios, han revelado una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los reclusos, no sólo a través de conductas como esta, sino de extorsiones, segregación en celdas de castigo, sobrepoblación y, en general, ausencia completa de un régimen jurídico que les garantice que puedan purgar su condena bajo condiciones humanas.

En junio de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la que se establecen las medidas que deben observarse durante el internamiento de una persona por prisión preventiva o en la ejecución de una pena.

Esta ley garantiza los derechos humanos de las personas privadas de su libertad a través de principios como la dignidad humana. Por otro lado, establece que las autoridades penitenciarias deberán elaborar protocolos en material de manejo de motines, evasiones, incidencias, lesiones, muertes en custodia o de cualquier otra alteración del orden interno.

Sin embargo, lo ocurrido en Cadereyta evidenció que no existen en las cárceles mexicanas protocolos estandarizados para informar a las familias acerca de situaciones como esta, pese a que existen diversas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al respecto.

No importa si quienes perdieron la vida cometieron un delito o no, nadie puede ser tratado de esa manera; sus padres, hermanos, hijos o parejas merecían recibir una noticia tan trágica de otra manera, con la dignidad que merece cualquier persona.

Por ello es indispensable hacer una revisión exhaustiva de las condiciones en las que se encuentran los centros penitenciarios en México, para generar los protocolos necesarios que garanticen el respeto a los derechos humanos. Por otra parte, he emprendido una revisión de la normatividad vigente para presentar, en breve, una iniciativa que atienda esta situación.
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