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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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28 Abril 2017 04:00:00
Nada sucederá
“… En dos domicilios más, las ciudadanas refirieron que su coordinadora no les permitía participar como funcionarias de casilla, ya que trabajan para el PRI entregando despensas y que el día de la elección llevarán gente a votar;” aseveró la consejera Ariadne Lamont Martínez, miembro del consejo local del INE en nuestro estado, al rendir su informe sobre las visita de supervisión y verificación para constatar las razones del rechazo a ser funcionario de casilla por parte de algunos ciudadanos.

Ante tal aseveración o confesión expresa del delito, los integrantes del consejo del INE en Coahuila, en sesión ordinaria y hasta entonces, decidieron dar parte al departamento Jurídico de dicha dependencia, a fin de que éste realice las actuaciones necesarias, si así lo consideran, para la denuncia de las conductas a todas luces punibles.

Debemos destacar que en esas inocentes declaraciones, por parte de las amas de casa entrevistadas, se encuadran a cabalidad los supuestos de delito contemplados en los artículos relativos de la Ley General de Delitos electorales, los cuales advierten de manera precisa, que se impondrán multas y prisión a quien: Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral; a quien el día de la jornada electoral viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto; a quien el día de la jornada electoral lleve a cabo el transporte de votantes, coartando o pretendiendo coartar su libertad para la emisión del voto y a quien obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, o bien que, mediante amenaza o promesa de paga o dádiva, comprometa su voto en favor de un determinado partido político o candidato.

A pesar de lo anterior, lo aseguro desde ahora, nada hará la autoridad encargada de velar por la legalidad de las elecciones, ante tan contundente evidencia, lo anterior lo fundo en la conducta de esta misma autoridad ante los muchos casos que se exhiben en redes sociales y ante la opinión pública, en donde se confirma que existen desde ahora, conductas delictivas electorales, encaminadas a afectar de legalidad de la contienda electoral local próxima, esto a pesar que dichos delitos se persiguen de oficio y pueden ser sancionados.

Pareciera entonces, que a la autoridad, le conviene no darse cuenta que los delitos electorales se cometen día con día y que su sanción depende de la eficacia con que ellos mismos persigan a los delincuentes.

La razón principal lo es, que nuestro sistema electoral no funciona y que es imposible encontrar legalidad electoral en un estado considerado no democrático, para quien lo dude, lo invito a revisar nuestra historia para dar cuenta, que en nuestro México, jamás se ha dotado a un proceso electoral de garantías que permitan a los ciudadanos seleccionar de manera libre a sus representantes, por medio de elecciones claras e imparciales, que lo lleven a hacer valer su voluntad.

Ante esta premisa, nada sucederá en materia de sanciones a los infractores electorales, por ser instituciones incubadas en un régimen poco democrático, ante tal circunstancia debemos entender que La desconfianza y desencanto ciudadano hacia las autoridades y la impartición de justicia en México está más que justificada.
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