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Guillermo Robles Ramírez
Guillermo Robles Ramírez
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Licenciado en Comunicación en la Universidad Iberoamericana Plantel Laguna, Posgrado el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey, Director General de la Agencia de Noticias SIP, Premio Estatal de Periodismo en el 2011 y 2013 en la categoría Columna de Opinión, reconocimiento de labor periodística de la Unión de Periodistas del Estado de Coahuila.

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18 Agosto 2017 04:00:00
Nadie quiere hacer su chamba
Hace pocos días el Subsecretario de Educación Básica en Coahuila, Julián Montoya de la Fuente insistió que se ha pedido a las cafeterías del interior de las instituciones educativas vender solamente alimentos sanos, ya que la vendimia de la comida chatarra prevalece en los 38 municipios de la entidad.

Hay que estar conscientes que este problema se dejó crecer con el tiempo sin que ninguna autoridad dijera nada, ya que años atrás solamente veíamos como un problema de salud algo que sucedía en países desarrollados.

En esos países de primer mundo la vida es rápida en donde el tiempo es la prioridad de todo, así que emergieron negocios de comida rápida, pero con alto contenido de carbohidratos, generando una población con serios problemas de obesidad.

Impensable que en nuestro país algún día pudiéramos llegar a tener el mismo problema, pero sin ser una potencia mundial o un país súper desarrollado justificando el uso de las comidas rápidas, fue creciendo la obesidad en México silenciosamente hasta el grado de convertirse parte de la agenda pública en calidad de urgente.

Un proceso que no fue rápido en las primeras medidas de exigir a los proveedores de las cafeterías de las instituciones educativas tanto de gobierno como privadas la presentación de productos más chicas para la venta a menores de edad porque el problema llegó demasiado lejos teniendo una población de niños y niñas con extremo sobrepeso perjudicando seriamente la salud.

En la actual administración federal y estatal le dan continuidad al combate de la obesidad, visto como un problema de salud en el país, en donde se han hecho compromisos para poder abatir por todos los medios el problema de la obesidad, siendo este el motivo por el cual se cobra un impuesto agregado a refrescos azucarados.

Aunque se les exhortó a los proveedores de tienditas del interior de las escuelas públicas y privadas a racionalizar la presentación de sus productos en cantidades pequeñas continua el problema, pero, por otro lado.

La prohibición de la venta de comida chatarra quedó por ahí un eslabón perdido que no han podido regularlo no porque no exista una normativa sino porque las autoridades locales se hacen guajes con todos los comerciantes de comida chatarras en las afueras de las escuelas en donde venden a por mayor churritos, papas, palomitas, chamoy, elotes y toda la gama de alimentos chatarra habidas y por haber sin contar con una verificación de la Secretaria de Salud o un permiso para establecerse en las afueras de las instituciones educativas.

Esos vendedores de comida chatarra solo estorbando en la vía pública de las diferentes instituciones educativas que no se conforman con la venta en las afueras de las instituciones educativas sino todavía hacen la venta de comida chatarra en la hora del recreo entre las rejas de las escuelas.

En este combate contra la báscula realmente los directivos de las diferentes escuelas han hecho un intento para alejar a la venta de ambulantaje en las afueras de las escuelas y por otro lado también es cierto que la sociedad de padres de familias de cada institución educativa no solamente ha solapado sino también apoyan este tipo de prácticas comerciales.

Pero lo que no sabe la gente, pero sí las autoridades es que muchos de estos vendedores ambulantes de las afueras de las escuelas forman parte de la misma sociedad de padres de familias de las mismas escuelas, formando parte del ambulantaje, sin embargo, resulta inverosímil que las autoridades locales se vean imposibilitados en retirarlos.

Lo que a lo único que la lógica dice es que todos estos vendedores ambulantes están arreglando con las mismas autoridades porque forman parte de integrantes de la mesa directiva de padres de familia y aquellos que no lo sean pagan alguna cuota para otorgarles el permiso.

Mientras autoridades locales, estatales y federales en sus áreas que le corresponden están luchando para el combate a lo que al día de hoy se ha convertido no solo en un problema social sino también de salud, resulta quien está al frente de la Dirección de Servicios Concesionarios o bien para verificar los permisos de uso y suelo, pero tal parece que nadie quiere ponerse a chambear para cerrar definitivamente a los puesteros de comida chatarra que se instalan de manera informal en las afueras de las escuelas tanto públicas como privadas. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013) http://www.intersip.org
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