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Javier Villarreal Lozano
Javier Villarreal Lozano
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12 Agosto 2018 04:08:00
Ni perdón ni olvido: justicia
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, enfrentó las primeras –y airadas– discrepancias a su proyecto de amnistía. Tanto en Ciudad Juárez como en Torreón, sede de los dos primeros foros sobre la inseguridad, se escucharon voces en contra de la fórmula “perdón, pero no olvido” propuesta por él en el acto celebrado en la frontera chihuahuense.

Sin duda hubo un error de cálculo al calibrar la indignación que priva entre quienes han perdido a un familiar o a un amigo a manos del crimen organizado. Pérdidas rodeadas, además, de bestiales excesos: tortura, mutilaciones, disolución de cuerpos en ácido o sepultados en fosas clandestinas. En reciente artículo publicado en un diario de la Ciudad de México, el doctor Luis de la Barreda se preguntaba si un padre a quien asesinaron o desaparecieron un hijo, o un hijo que perdió a su padre en esta desesperante etapa de violencia podrá perdonar a quienes le arrebataron la vida a ese ser querido. A tal pregunta hay una única respuesta: imposible.

A quienes han afectado de manera directa, inmediata, las atrocidades del crimen organizado, esperan que se les haga justicia. Que la vindicta pública haga cumplir el castigo que merecen quienes cometieron estos crímenes.

Suena utópico y las respuestas obtenidas por la propuesta apuntan hacia la urgencia de que el próximo gobierno del país afine su estrategia para combatir la inseguridad, y vaya más allá, mucho más allá que los pronunciamientos, por atractivos que estos pudieran ser. Para no ir tan lejos, aquí, en Coahuila, hay familias y pueblos enteros con heridas aún no cicatrizadas. La matanza perpetrada en Allende se ha vuelto escándalo y horror internacional. El caso sigue abierto y no se ha llegado hasta las últimas consecuencias en las investigaciones. Y así hay centenas en toda la geografía del país.

Los desencuentros de Juárez y Torreón entre los propósitos y la realidad obligan a López Obrador a replantearse el tema de la inseguridad, que junto con la corrupción ocupa el primer lugar en la agenda de los agravios que más indignan a los ciudadanos. No existe, y esto es seguro, una fórmula mágica para reducir en poco tiempo la inseguridad, que parece haber recrudecido en los últimos meses.

Hasta ahora la “guerra” decretada durante la presidencia de Felipe Calderón y que ha continuado prácticamente sin cambios en el sexenio que está por fenecer, no ha dado los resultados previstos. Habrá que idear otra fórmula. Pero sea cual fuere esta, debe desembocar no en perdón sino en justicia, solamente justicia.

Saqueo impune

La inconsistencia de las acusaciones en contra de la ¿ex? dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, le permitió recobrar la libertad. Lo anterior es una demostración de cómo falla la fabricación de culpabilidades, pero también manifiesta la legalidad de un saqueo inmisericorde de los fondos del sindicato que, dicho en otras palabras, son cuotas que profesores de todo el país pagan con mucho esfuerzo, las más de las veces después de cumplir agotadoras jornadas de trabajo.

Según estimaciones, de la caja del SNTE se sustrajeron más de mil millones de pesos que fueron a parar a los bolsillos y cuentas bancarias de la maestra Gordillo. ¡Y esta sangría, de acuerdo con los reglamentos internos de la organización, fue perfectamente legal!

¿No le resulta indignante?
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