×
Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
ver +

" Comentar Imprimir
02 Enero 2017 03:00:00
No al militarismo
Las Fuerzas Armadas son la tercera institución más confiable de país, después de las universidades y la Iglesia, según la Encuesta Nacional en Viviendas (ENV) 2016 de Consulta Mitofsky. Ninguna tiene relación directa con la política, pero las tres perdieron dos décimas de punto con respecto al año pasado. En la categoría “alta”, hoy sólo se encuentran los centros de educación superior con 7.1 puntos en una escala del 1 al 10. La Iglesia y el Ejército bajaron al rango “medio” con 6.9 y 6.8 puntos respectivamente.

En 2007, segundo año del gobierno de Felipe Calderón y de la guerra contra el narcotráfico, las Fuerzas Armadas obtuvieron 8 puntos, el nivel más alto de los 13 últimos años. En el sexenio pasado promediaron 7.7. La calificación actual –registrada por Mitofsky– pudo haber sido incluso menor a los 6.8 puntos luego de una década de desgaste en las calles. Donde, según el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, realizan tareas para las cuales los soldados y marinos no fueron preparados. Si la pérdida de confianza en ellos no fue mayor se debe a su historia de honor, sacrificio y compromiso con la patria, reconocidos por la mayoría.

¿Entonces por qué, en lugar de aumentar, su calificación disminuyó? Una parte de la respuesta la brinda la propia ENV. De las 17 instituciones encuestadas, la Presidencia registró la peor caída: de 5.7 a 5.1 puntos (antes del alza a las gasolinas, ojo). El dato es consistente con el desplome de la popularidad de Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La Policía fue calificada con 5 y los partidos con 4.8. La política, entonces, ya contaminó también al Ejército y a la Marina, lo cual es grave.

La falta de una ley para regular la actividad de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, las tiene ahora entre la espada y la pared. Por una parte se les ordena suplir a las policías federales y locales –corruptas, ineficientes e infiltradas por la delincuencia organizada– y por otra se les abandona cuando grupos sociales y organismos internacionales denuncian violaciones a los derechos humanos. El titubeo y el errático manejo político por la masacre en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, afectaron la percepción sobre el Ejército.

El exhorto de Cienfuegos para que las “fuerzas de la Policía” cumplan su tarea en un plazo perentorio, es una crítica a las autoridades civiles (presidente, gobernadores y alcaldes) y a los legisladores. El año pasado, el secretario de la Defensa pidió atacar las causas que debilitan al país y minan la confianza en las instituciones. “Atrevámonos a romper los sitios actuales que impiden el desarrollo de México, atrevámonos a romper los cercos que como negativos paradigmas obstaculizan el progreso. Rompamos con el sitio de la desunión, de la intolerancia, la corrupción, la impunidad, la ilegalidad, la irresponsabilidad”.

Calderón lanzó al Ejército a las calles sin un plan de salida, urgido de legitimidad, forzado por las circunstancias políticas y de inseguridad nacional y orillado por la mayoría de los gobernadores. Gran parte de ellos tomó partido por algún cartel, como parte de un plan perverso para hacerse con la Presidencia. Las policías se habían convertido en extensión de la delincuencia organizada o viceversa. La estrategia se endureció con Peña Nieto y ahora están todos en un callejón sin salida. El Presidente, los gobernadores y los alcaldes deben cumplir las tareas de seguridad inherentes a sus cargos, y no transferirlas a las Fuerzas Armadas. El militarismo es el peor remedio.
Imprimir
COMENTARIOS



top-add