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Lulú De Koster.
Lulú De Koster.
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Es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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02 Mayo 2018 04:00:00
No es opcional
Con las reformas recientes a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de Coahuila, crecieron las obligaciones de las entidades públicas y organismos autónomos con responsabilidad de enviar al Congreso del Estado, los avances de gestión financiera cada tres meses para la revisión por parte del órgano de fiscalización del Legislativo.

Ayer mismo y en su correspondencia, el Congreso de Coahuila publicaba el número y los nombres de las oficinas que ejercen recursos públicos y que cumplieron en tiempo con esta entrega, que agiliza la revisión del gasto en las dependencias y organismos estatales así como municipales en Coahuila.

De acuerdo al Artículo 3 de esta ley, un “informe de avance de gestión financiera, es el documento trimestral que, como parte integrante de la cuenta pública, rinden las entidades al Congreso sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados, a fin de que la Auditoría Superior fiscalice los ingresos y egresos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas”.

En este sentido, la presentación de los informes es un mecanismo crucial para que la Auditoría Superior del Estado pueda revisar el presupuesto ejercido en tiempo real, es decir, durante el ejercicio fiscal en curso como lo menciona esta misma legislación que otorga facultades específicas al órgano de fiscalización del Congreso, donde más de un centenar de informes trimestrales llegaron en estos días previos al 30 de abril, fecha límite para este cumplimiento.

Las multas y amonestaciones por no entregar en el plazo marcado, el avance de gestión financiera pueden ir desde los 26 mil pesos, hasta los 88 mil 300 pesos, según lo señala la misma legislación, y los paga el representante o la representante del área que tiene o tenía la responsabilidad de entregar dicho documento al Legislativo.

Las multas por no entregar a tiempo este documento, o las amonestaciones a servidores públicos están a la vista y se han aplicado al menos a 13 servidores o excolaboradores del Gobierno, como se advierte en el Informe de Seguimiento de Resultados 2017, en sitio web https://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/IS_2017(2S).pdf

De los procesos de fiscalización, han derivado sanciones, algunas pendientes de aplicar, otras que están sin seguimiento por parte de las contralorías internas o que simplemente han quedado en apercibimientos públicos o privados.

El objetivo principal para la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de Coahuila es la vigilancia del gasto público. Que el presupuesto proyectado para cada programa u obra pública, se aplique conforme a lo previsto en cada año fiscal, además de generar esquemas de prevención de actos ilegales que puedan representan un quebranto al erario.
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