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Alma Carolina Viggiano
Alma Carolina Viggiano
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La legisladora es originaria de Tepehuacan de Guerrero, Hidalgo, es abogada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tiene especialidades en las materias civil, procesal civil y mercantil en la Ciudad de México, así como diversos diplomados en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE). Ha sido secretaria general del PRI en Hidalgo y coordinadora estatal de campaña de Miguel Ángel Osorio. Anteriormente ha sido diputada local por el Distrito XV y diputada federal por el 01. Fue la primera mujer en prsidir el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo; fue integrante fundadora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Fue coordinadora estatal de la Comisión Interinstitucional para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Hidalgo; secretaria de Planeación y Desarrollo Regional y secretaria de Desarrollo Social en la misma entidad. Escribir a: [email protected]

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31 Julio 2017 04:09:00
No hay pena sin ley 
El pasado 17 de julio, el Instituto Nacional Electoral emitió el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña, en los que determinó si los candidatos y candidatas a diversos cargos de elección popular en Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz habían rebasado o no el tope de gastos de campaña. 

Al ver la resolución recordé mis clases de primer semestre de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahí aprendí, en los primeros días de clase, que toda ley requiere pasar por un proceso legislativo para que pueda ser aplicada a los ciudadanos, es decir, no basta con que sea aprobada, sino que debe ser publicada para que toda persona pueda conocerla y, en consecuencia, pueda ser aplicada. 

En esas clases también se enseñaban los principios generales del Derecho, entre ellos: “No hay pena sin ley”, que quiere decir que no puede sancionarse una conducta que no esté prevista en una ley vigente.

Las consejeras y consejeros del INE olvidaron estos principios básicos, quizá porque algunos de ellos no son abogados. Violaron la ley en perjuicio de las candidatas y candidatos al aplicar un Reglamento de Fiscalización cuyas reformas jamás fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, es decir, no están vigentes y, en consecuencia, no debieron ser utilizadas en el dictamen.

Por otro lado, para calcular los supuestos gastos no reportados, debieron hacer una matriz de precios, consultar a proveedores y cámaras de comercio que presten servicios similares, de tal manera que los costos fueran apegados a la realidad. Contrario a ello, usaron una lista de precios en lugar de una matriz, sobrevaluando los costos, en alrededor de 400 por ciento.

Gran sorpresa y hasta risa provocó el representante del PRD, durante la sesión del Consejo General del INE, al extender muchos metros de tela amarilla que le había costado 500 pesos, para ilustrar que los consejeros querían imputarle a su candidato un gasto de 4 mil 700 pesos por cada una de las banderas que usaron durante la campaña. 

Al candidato del PRI en Coahuila, por ejemplo, le imputaron más de 11 mil pesos por cada video publicado en Facebook, desconociendo que hoy día cualquier persona puede utilizar su teléfono para subir contenidos y que la propia aplicación permite hacerle ediciones que desde luego no representan ningún costo y realizarlas no toma más de 5 minutos.

Por si esto fuera poco, durante los días previos a la Sesión del Consejo General, el PRI presentó diversas pruebas que desmentían el supuesto rebase y justificaban alrededor de 1 millón 400 mil pesos correspondientes a spots y espectaculares. Durante la sesión resultaron insostenibles para los consejeros estos rubros, por lo que tuvieron que restarlos y optaron por incorporar, en su lugar, elementos que no estaban considerados originalmente, 900 mil pesos correspondientes a Facebook y 540 mil pesos por eventos que debieron ser divididos entre varios candidatos y cuyo gasto fue imputado sólo al candidato a gobernador.

Las cifras cuadran perfecto, por lo que pareciera haber una clara consigna contra el PRI, de manera particular del consejero Ciro Murayama y la consejera Pamela San Martín, para que el PRI rebasara con más del 5% para acreditar uno de los elementos necesarios para una posible nulidad.

Sin embargo, aun existiendo rebase, esto no significa que se vayan a anular las elecciones, tal como se ha difundido falsamente en el caso de Coahuila, toda vez que no basta con que la diferencia entre la votación obtenida por el primero y segundo lugar sea menor al 5%, sino que deben acreditarse violaciones graves, dolosas y determinantes.

Históricamente el PRI ha sabido reconocer cuando ha perdido y asumir su postura como una oposición responsable, sin embargo, también sabemos defender nuestros triunfos de manera institucional cuando se trata de violentar el sufragio emitido por la ciudadanía, pues las elecciones se ganan en las urnas, no en la mesa de las concertaciones que se daban justamente cuando no había árbitro autónomo.
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