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David Boone de la Garza
David Boone de la Garza
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26 Septiembre 2016 04:00:00
No más ‘ladies’ ni ‘lores’
El atributo más importante de la persona es su dignidad. La dignidad es el rasgo definitivo de la persona y definitorio de los derechos humanos. Porque somos personas es que tenemos dignidad. Porque tenemos dignidad es que gozamos de derechos. De acuerdo con Humberto Nogueira, la dignidad “es el rasgo distintivo de los seres humanos respecto de los seres vivos, la que constituye a la persona como un fin en sí mismo, impidiendo que sea considerada un instrumento o medio para otro fin” (en Jorge Carpizo, 2011).

La dignidad nos define como especiales e iguales a todos, nos confiere derechos e impone obligaciones. Nos implica un rol doble: tenemos el derecho de que sea respetada nuestra dignidad y tenemos la obligación de respetar la de los demás. Las personas detentamos los derechos que se encuentran expresamente señalados (reconocidos) en la ley y en las resoluciones judiciales, pero tambiénlos que, sin estar específicamente previstos, trasciendan a nuestra dignidad. Esto significa que si existe un derecho que resulta esencial para nuestro libre y armónico desarrollo, el mismo debe ser asumido y respetado por el Gobierno y los particulares, y protegido por las autoridades responsables.

La dignidad no sólo es un atributo ético, sino un deber jurídico. Para que quede más claro: transgredir la dignidad de alguien es transgredir la ley. En el lenguaje de los abogados: la dignidad tiene juridicidad intrínseca. En el derecho internacional, en la Constitución mexicana, en muchas leyes generales, en las constituciones de los estados y en una gran cantidad de leyes estatales, la dignidad se encuentra tutelada. Entre otras normas, en el párrafo quinto de la Constitución federal se ha establecido que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades… o cualquier otra que atente contra la dignidad humana…”.

Cuando alguien transgrede la dignidad de una persona, se hace merecedor a una sanción, a un castigo. Una de las causas que tiene como efecto la imposición de ese castigo es la violación de la dignidad debido a una conducta, acción o comentario que afecte el honor, la reputación o que cuestione la inocencia de una persona sin probarlo judicialmente (quien acusa tiene que probar). Así es. Difamar, denigrar o simplemente, como comúnmente decimos, “hablar mal de alguien”, puede tener consecuencias jurídicas. Por ejemplo, en el párrafo primero del artículo 1916 del Código Civil Federal se señala que “Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás”, y en seguida, en el párrafo segundo, se precisa que “Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero…”.

Tener esta situación muy en claro siempre ha sido importante. Pero ahora más. ¿Por qué? Por algo sobre lo que ya se ha reflexionado en este espacio: el uso creciente de las redes sociales, como Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube y otras plataformas de este tipo, que se han convertido en escenarios desde los cuales, cada vez con mayor frecuencia, se lastima el honor de muchas personas y, por ende, de sus familias y amigos.

El anonimato, su potencial para llegar a millones de personas y la posibilidad de acusar a alguien sin tener que verle a la cara, desafortunadamente han hecho de las redes sociales un instrumento idóneo para desgastar sus cualidades. La mejor muestra de ello son los recurrentes casos de “ladies” y “lores”; personas que, por haber sido grabadas (en un contexto que se desconoce), en la mayoría de los casos, aparentemente, ojo, subrayo “aparentemente”, realizando conductas indeseables, son ampliamente exhibidas por medio de las redes sociales y juzgadas por la opinión pública, sin defensa previa de ningún tipo.

Las personas no sólo no tenemos el derecho de ofender mediáticamente (las redes sociales son medios de comunicación) a alguien, sino que lo tenemos prohibido. Y esto es así en todos los casos, aun en aquellos en los que pareciera indudable el dolo o mala fe de quien haya sido grabado en flagrancia. Recordemos que la libertad de expresión tiene como límites el respeto a la dignidad de la persona, a la vida privada, a la moral y a la paz pública. La libertad de expresión no es absoluta para nadie. Todos estamos obligados a ejercerla –si es que lo queremos hacer– con responsabilidad y en apego a la ley.

Como sociedad parece que olvidamos estas reglas y se nos está pasando la mano. No difamar, degradar ni prejuzgar es sustancial, no sólo “porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os volverá a medir” (Mateo 7:2), es decir, no sólo porque en cualquier momento nosotros mismos, nuestra familia o amigos podemos encontrarnos injustamente sentados en el banquillo de los acusados y padecer un linchamiento mediático, sino porque es una obligación ético-jurídica.

Hagamos conciencia, razonemos y no difundamos, compartamos ni comentemos (bajo ninguna lógica) publicaciones que dañen de esta forma a las personas. Si queremos acusar a alguien y tenemos elementos de peso para ello, seamos serios y acudamos ante las instancias judiciales correspondientes; hacerlo en las redes sociales no sólo está mal y habla mal de nosotros, sino que puede traernos problemas legales.
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