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Alma Carolina Viggiano
Alma Carolina Viggiano
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La legisladora es originaria de Tepehuacan de Guerrero, Hidalgo, es abogada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tiene especialidades en las materias civil, procesal civil y mercantil en la Ciudad de México, así como diversos diplomados en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE). Ha sido secretaria general del PRI en Hidalgo y coordinadora estatal de campaña de Miguel Ángel Osorio. Anteriormente ha sido diputada local por el Distrito XV y diputada federal por el 01. Fue la primera mujer en prsidir el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo; fue integrante fundadora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Fue coordinadora estatal de la Comisión Interinstitucional para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Hidalgo; secretaria de Planeación y Desarrollo Regional y secretaria de Desarrollo Social en la misma entidad. Escribir a: [email protected]

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22 Febrero 2016 05:10:55
No más violencia política
“La violencia es el último refugio del incompetente”. Isaac Asimov

Desde hace poco más de 15 años, México ha fortalecido su marco legal para asegurar el acceso de las mujeres a sus derechos en condiciones de igualdad, no discriminación y no violencia. Este fortalecimiento ha sido gradual, lo que ha permitido empoderar, paulatinamente, a las mujeres en el ámbito público y privado.

Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Se trata de una premisa muy clara, no obstante, en una sociedad donde ciertos roles son reservados únicamente a las mujeres y estas los aceptan como algo natural, la violencia pasa desapercibida.

En el ámbito público esto no ha sido la excepción. Afortunadamente, ciertas medidas impulsadas por el actual Presidente de la República han hecho posible que más mujeres ocupemos cargos que normalmente se reservaban a los hombres. Es el caso de la paridad en la elección de legisladores que permitió que hoy en día en la Cámara de Diputadas haya 212 legisladoras que representan más del 40% del total de quienes integramos dicho órgano legislativo.

A pesar de ello, las mujeres aún somos víctimas de violencia en el contexto político, sobre todo durante los procesos electorales en los que muchos hombres aún recurren a argumentos machistas para señalar a las mujeres o bien, las amenazan, las agreden o impiden que participen libremente aun cuando han ganado el derecho de ser candidatas. Lo mismo llega a ocurrir cuando han ganado el derecho de ocupar un cargo público o cuando tienen los méritos para ocuparlo, pero se les niega por ser mujeres bajo señalamientos y actitudes misóginas o discriminatorias.

A esto se le conoce como violencia política de género y es necesario que contemos con leyes que inhiban estas conductas y que las castiguen. Por tal motivo, las senadoras y las diputadas del Congreso de la Unión hemos establecido una mesa de trabaja para lograr modificar algunas leyes que tendrán el propósito de asegurar que las mujeres participemos libremente en los procesos electorales y que nadie pueda impedir que desempeñemos un cargo público en las mismas condiciones que los hombres.

Algunas de las medidas que se proponen adoptar, consisten en sancionar la violencia política de género en las leyes electorales para que quienes sean responsables de ella, sean multados o incluso pierdan su calidad de candidatos, porque se debe impedir que en las elecciones se promueva la violencia y que no sea ésta la que determine el triunfo de un candidato sino las propuestas y el trabajo. De igual forma, se propone que los partidos políticos aseguren los derechos de sus afiliados en un contexto libre de violencia política de género, pues de lo contrario también los partidos políticos serán sancionados. Finalmente, las conductas más graves serían castigadas como delitos electorales y se impondría una pena de prisión.

El objetivo principal de esta reforma es sancionar a los responsables y evitar que se sigan realizando estas conductas, por lo que también será importante que se legislen medidas de prevención y erradicación. Como mujeres que ocupamos un cargo público, tenemos la obligación de generar las condiciones para que otras mujeres tengan más oportunidades y que México sea un país libre de violencia de género.
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