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Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento
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Empezó su carrera profesional en la revista Siempre! a los 17 años, cuando era todavía estudiante de preparatoria. Obtuvo la licenciatura en filosofía con honores de la Universidad York de Toronto, Canadá. A los 22 años entró a trabajar como redactor en Encyclopaedia Británica Publishers, Inc. y dos años más tarde fue nombrado director editorial de las obras en español de la empresa.

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05 Marzo 2019 03:56:00
Orden de arriba
Al final no hubo consulta popular ni fallo de los tribunales. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió por sí solo el destino de una inversión minera muy importante: “Les digo al pueblo (sic) de Baja California Sur: no a la mina. ¿Por qué no? Porque tenemos que cuidar el paraíso, no destruirlo, cuidar la naturaleza. Y si estoy hablando de la gente que vive del turismo, tenemos que cuidar del medio ambiente”.

El Mandatario afirmó este 3 de marzo que a él le corresponde decidir: “Y esto me toca a mí iniciarlo y yo digo que no. Tengo la facultad”. Con anterioridad, López Obrador había prometido organizar una de sus consultas populares para tomar la decisión.

Pero no, el Presidente no tiene la facultad para determinar por sí solo si un proyecto puede o no recibir un manifiesto de impacto ambiental. Hay leyes y reglamentos que regulan estos procesos y ordenan que cada inversión sea evaluada por especialistas. El Presidente no es el Estado.

La mina de Los Cardones (aclaro interés: me dicen que pertenece a Grupo Salinas y yo colaboro con TV Azteca de la misma organización) recibió una autorización de la Semarnat para operar en 2014. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa la anuló y la empresa tomó medidas para subsanar las observaciones. En este momento la autorización está suspendida mientras se litiga un juicio de amparo promovido por un Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida.

Una de las grandes luchas de la sociedad mexicana en las últimas décadas fue despojar al Presidente de las facultades metaconstitucionales que ejercía para crear un estado de derecho que diera garantías a los ciudadanos. La manifestación de impacto ambiental es uno de los logros en este esfuerzo. Con anterioridad, el primer mandatario decidía de forma personal qué inversiones se aprobaban y cuáles no. Esta discrecionalidad abría la puerta a la arbitrariedad y a la corrupción.

El Presidente puede tener convicciones personales sobre los proyectos, pero no la facultad de autorizarlos o cancelarlos a voluntad. Las decisiones públicas deben tomarse sobre la base de la ley. El Mandatario no puede cancelar una manifestación de impacto ambiental ni reemplazar a los magistrados de un tribunal de amparo.

López Obrador, sin embargo, parece convencido de que tiene facultades absolutas. No sólo ha decidido cancelar el manifiesto ambiental de Los Cardones, sin presentar documentos técnicos que justifiquen el acto, sino que también ha ordenado, sin molestarse en solicitar un manifiesto, la limpia de la vegetación del predio de Dos Bocas, en Tabasco, donde quiere poner su nueva refinería. Se apresta igualmente a iniciar el proyecto del Tren Maya sin más manifiesto ambiental que una ceremonia de petición de permiso a una diosa llamada Madre Tierra.

Yo no tengo capacidad técnica para decidir si los proyectos de Los Cardones, Dos Bocas o el Tren Maya son sustentables, pero para decidirlo se estableció un procedimiento de autorización que pasa por una manifestación de impacto ambiental preparada y revisada por especialistas, la cual puede ser recurrida en los tribunales. El Presidente no tiene facultades ni legales ni técnicas para decidir si se aprueban o no estos proyectos. No debemos volver a los tiempos de la presidencia imperial, aunque la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, haya declarado al periodista Fernando del Collado que “AMLO, el Presidente, es el Estado”.
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