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Denisse Dresser
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24 Marzo 2014 03:00:53
País plutocrático
Cada vez que “Forbes” publica la lista de los multimillonarios mexicanos, el país debería ponerse a pensar. Cada vez que allí aparece un rico que ha hecho su fortuna expoliando a México, su población debería preguntar. ¿Cómo han acumulado tanta riqueza? ¿Se debe a su extraordinario talento empresarial o a las conexiones políticas que han logrado construir? ¿Se debe a la innovación que han impulsado o al rentismo del cual se han aprovechado? ¿Han creado su fortuna gracias a los buenos servicios y productos que ofrecen al consumidor o han ascendido a la cima exprimiéndolo? La revista “The Economist” se hace las mismas preguntas para entender por qué hay tantos mercados emergentes con plutócratas poderosos. Con empresarios que siempre buscan una tajada mayor del pastel y no cómo hacerlo crecer.

Y la razón principal se debe al fenómeno extendido del rentismo (rent-seeking). Una forma de cobrar de más por aquello que debería costar menos. Una forma de abuso, de explotación, de aprovechamiento que ocurre en mercados imperfectos, poco regulados, monopolizados, con poca o nula competencia. El rentismo en México se da a través de la colusión entre empresas para mantener precios elevados. Se da a través del cabildeo para obtener leyes que protegen al empresario mientras abusan del consumidor. Se da cada vez que Telmex o Telcel o Elektra o Televisa o Compartamos o cualquier banco o cualquier proveedor de servicios los cobra por encima del precio que deberían tener. Se da cuando el Gobierno mexicano regala concesiones y otorga licencias y privatiza bienes públicos sin imponer reglas para su aprovechamiento. Se da cuando el Gobierno se pone al servicio de quienes debería regular.

Creando así el capitalismo de cuates. El capitalismo de cómplices. El capitalismo sobre el cual “The Economist” elabora un índice de 23 países en los cuales el rentismo -permitido y avalado por el gobierno- es un problema estructural. Enlista los sectores más susceptibles al rentismo como los casinos. Como el carbón. Como la banca. Como la infraestructura y los gaseoductos. Como el petróleo, el gas, los químicos y otras formas de energía. Como los puertos y los aeropuertos. Como los bienes raíces y la construcción. Como la minería. Como las telecomunicaciones. Industrias que son vulnerables a los monopolios o a las concesiones o al involucramiento estatal. Sectores propensos a la corrupción según Transparencia Internacional. Áreas que en México son manejadas por magnates.

Ámbitos económicos en los cuales los multimillonarios han crecido de forma fenomenal. En el mundo en desarrollo su riqueza se ha duplicado, relativa al tamaño de la economía y asciende a 4 por ciento del PIB, comparado con 2 por ciento en 2000. Los mercados emergentes -como México- contribuyen 42% de la producción a nivel global, pero 65% de la riqueza vía el capitalismo de cuates. Y en ése índice que refleja la corrupción y el amiguismo y los favores y la protección regulatoria y las privatizaciones mal hechas México ocupa el séptimo lugar. Detrás de Hong Kong, Rusia, Malasia, Ucrania, Singapur, y Filipinas. Rusia, según el índice, está allí por la forma en la cual los oligarcas se apropiaron de los recursos naturales. México está allí por Carlos Slim y otros como él. Los plutócratas de un país que les permite serlo.

El índice es una guía imperfecta pero ilustrativa de la concentración de la riqueza en sectores opacos, comparada con lo que ocurre en sectores competitivos. El índice revela lo mucho que falta por hacer y que México -poco a poco- ya está haciendo. Con la ley de Competencia Económica. Con la declaración de empresas preponderantes que ha hecho el Instituto Federal de Telecomunicaciones, junto con acciones para limitar el rentismo que practican.

Es en este rubro donde el capitalismo de cuates -construido sobre un sistema legal disfuncional- sigue limitando el potencial del país. Según el World Justice Project, México ocupa el lugar 79 de 99 países en cuanto al funcionamiento del Estado de Derecho. Porque la corrupción continúa. Porque las reformas judiciales no han sido lo suficientemente completas y falta medir su impacto. Porque los jueces todavía se venden. Y porque la plutocracia prospera en un país que sigue exaltando su existencia.
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