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07 Octubre 2018 04:00:00
Pasado y presente de la disolución social
Por Gerardo Blanco

Fue en 1941, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, cuando el general Manuel Ávila Camacho, Presidente de la República, mandó una iniciativa la Cámara de Diputados para efectos de regular el delito de disolución social en el Código Penal, con el fin de sancionar a todo aquel que quebrantara la “paz social”.

La exposición de motivos de la iniciativa, entre otras cosas, manifestaba la imperiosa necesidad de regular el delito de disolución social por el supuesto peligro que representaban para México los sistemas totalitarios en el mundo. Es decir, se buscaba proteger la seguridad exterior e interior de la nación y, por ende, la soberanía e independencia del Estado mexicano.

Evidentemente la citada reforma atentó contra las garantías individuales de los mexicanos (como aquel entonces se refería la Constitución federal a los Derechos Humanos); sin embargo, el Presidente temía que se hicieran realidad las presuntas amenazas que significaban ideologías y movimientos como el comunismo, el fascismo y el nazismo, por lo que, a su juicio, era necesario salvaguardar nuestra soberanía.

Con el paso del tiempo quedó constancia de que dicha disposición penal nunca fue utilizada por esas razones, sino que presidentes como Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines la utilizaron de manera discrecional para sofocar y disuadir movimientos que planteaban disidencias frente al Gobierno. No se diga Gustavo Díaz Ordaz, quien fue el que más empleó dicha figura y quien la derogaría a finales de su sexenio.

Todo lo anterior viene a cuento porque este diario, en su edición del pasado 2 de octubre, publicó es su primera plana: “Estudiantes van contra reforma antiprotestas”. La nota explica, de manera clara y concisa, que un grupo de estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, de la Universidad Autónoma de Coahuila, encabezado por el alumno Daniel Héctor Saldívar Olvera, elaboró una iniciativa ciudadana que pretende reformar el Artículo 319 del Código Penal del Estado de Coahuila, mismo que establece sanciones de hasta tres años de prisión y multa de 100 a 300 días o de seis meses a dos años de libertad supervisada y de 100 a 200 días de multa por realizar manifestaciones públicas que detengan el flujo vehicular.

La iniciativa de reforma fue elaborada íntegramente por Daniel Saldívar, estudiante de tercer año en la Facultad de Jurisprudencia, quien dedicó varios meses a estudiar y analizar el Artículo 319 del Código Penal, para concluir, de forma muy acertada, que la norma vulnera los derechos humanos de asociación, reunión y libertad de expresión, por coartar el derecho de los ciudadanos coahuilenses a manifestarse pacífica y libremente.

He tenido la oportunidad de leer todas y cada una de las páginas que componen el proyecto de iniciativa ciudadana. Puedo decir que el documento expone, de manera fundada y motivada, por qué el referido artículo penal transgrede los derechos humanos ya mencionados. El autor esgrime criterios sólidos, basados en argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, respecto a la obligación que tienen los gobiernos democráticos de construir sociedades donde se proteja y salvaguarde el pluralismo y la libre circulación de las ideas; además, abunda en la relevancia que tiene la libertad de expresión como fundamento para poder ejercer otras libertades.

En conclusión, la exposición de motivos de la iniciativa demuestra la excesiva regulación de la legislación penal en Coahuila, al establecer que una manifestación pública que afecte la “libertad deambulatoria” de los ciudadanos, constituye un delito de carácter penal. Más cuando estos casos suponen ser sobrellevados tanto por las autoridades como por la población con un alto grado de tolerancia.

La iniciativa ciudadana ya está en el Congreso del Estado. Esperemos que las y los diputados le den el trámite correspondiente y, dentro de los plazos legales, aprueben la reforma penal propuesta, cuyo único objetivo es maximizar los derechos humanos y las libertades de los coahuilenses.
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