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Leopoldo Ramos
Leopoldo Ramos
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25 Octubre 2015 03:08:58
Pensiones
Los 38 ayuntamientos de Coahuila tienen menos de tres meses para incorporar a sus empleados en algún sistema de pensiones, y si bien el tiempo apremia, en 34 de ellos no hay registro de avances en el procedimiento que deben cubrir a más tardar el 15 de enero próximo.

El problema no es menor, pues si la disposición no se cumple por omisiones, o de manera deliberada, el Congreso local puede proceder en contra de los alcaldes y otros funcionarios municipales con un juicio político.

De acuerdo con el auditor superior del Estado, el tema debe mantener preocupados a los alcaldes incumplidos.

“Los ayuntamientos se tienen que sujetar a los lineamientos de la Ley para la Implementación de los Sistemas de Pensiones de los Municipios que desde agosto del año pasado los obliga a iniciar procedimientos para que todos los empleados municipales estén dentro de algún sistema de pensiones, ya sea propio o de la seguridad social”, expuso.

De los 38 gobiernos municipales, sólo Torreón, Saltillo y Piedras Negras tienen fideicomisos de pensiones. Este último recién se incorporó con la aprobación del Congreso local.

Además, los fideicomisos de Ramos Arizpe y Ciudad Acuña están en estudio, pero deben acelerar el paso para cumplir a tiempo, porque la fecha límite es el 15 de enero.

Monclova, el otro de los municipios con más carga burocrática, la ASE no tiene informe sobre avances. “No sabemos cómo le vayan a hacer para cumplir en tiempo y forma”, indicó Plata Sandoval.

El resto de los municipios se encuentra en situación similar y la alternativa es crear fondos de pensiones propios, o incorporar a sus empleados en el régimen del IMSS.

Los avances se deben reportar a la Auditoría Superior del Estado, o bien al despacho externo Valuaciones Actuariales del Norte.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos estatales y municipales faculta al Congreso del Estado para proceder con juicio político en contra de los funcionarios que no cumplan con la ley.

“Quienes estén omitiendo intervenir en este proceso pueden tener responsabilidades administrativas, pero también responsabilidad política; el alcalde y los integrantes del Ayuntamiento están obligados a cumplir con las disposiciones del Congreso del Estado, y tan responsable es el que no hace, como el omiso.

“El ayuntamiento, no sólo el alcalde, tienen que cumplir, y si para el 15 de enero no se tiene cabalmente constituido el fideicomiso en cada municipio, nosotros tenemos facultades para promover la aplicación de responsabilidades de todo tipo, incluso la política”, aseguró el auditor.

En la administración pública lo que no se vale es argumentar que no se cumplió con alguna obligación por desconocimiento.

Los alcaldes avisados están por la Auditoría Superior del Estado. Después de esto no se valen las quejas.
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