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Lulú De Koster.
Lulú De Koster.
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Es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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21 Febrero 2018 04:07:00
Pensiones, en la mira política
Las reformas a legislaciones que involucran la rendición de cuentas y transparencia en Coahuila colocan al estado en una posición de exigencia para garantizar que cada peso se gaste bajo parámetros establecidos, y para permitir al ciudadano conocer lo que se hace sin mecanismos de difícil acceso a portales habilitados para cumplir con esta demanda.

Hace días, un especialista comentaba que una forma de revertir el escepticismo en la sociedad puede ser el disponer de versiones públicas, abiertas y respetando las garantías de las personas –en el marco de la presunción de inocencia– de procedimientos administrativos iniciados y concluidos por la autoridad, como lo son los resultados de revisiones del gasto en la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre), que agrupa a profesores y trabajadores administrativos, activos y en retiro, de universidades y del magisterio estatal.

Desde el Informe de Resultados 2012, publicado por la Auditoría Superior, se advertía de la situación vulnerable del esquema de ahorro para el retiro de sindicalizados. Sin embargo, fue apenas en noviembre de 2016 cuando fue publicado en el Periódico Oficial el Reglamento Interior de la Dirección de Pensiones que delineó obligaciones de aportantes, patrón y representantes sindicales.

Pero el déficit financiero se ha venido agudizando en medio de la crisis en la prestación del servicio médico, la entrega de pensiones o procesos de jubilación a beneficiarios que exigen resultados e incluso sanciones, para quien o quienes llevaron a la Dipetre, creada por decreto en el año 1961, a la situación en la que ahora se encuentra.

Aunque vale la pena apuntar que la Junta de Administración de la Dipetre, en la que están representados la UAdeC, la UAAAN y el Gobierno estatal, adoptó mecanismos para revertir la situación y no seguir “pateando el bote”.

Durante años, las dirigencias en gremios magisteriales intentaron soluciones por medio de sorteos, ajustes a la ley o descuentos nominales, para abonarle a las finanzas y evitar la quiebra del sistema. La situación es caótica y parece inevitable que en estos momentos de algidez electoral la Dipetre se convierta, para algunos, en un insumo político nada despreciable.
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