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Federico Muller
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10 Febrero 2017 03:00:00
Petróleo y deuda pública
La deuda pública casi siempre ha representado un complejo problema para los gobiernos del país; desde la independencia, se ha convertido en una sutil tentación para los políticos. Sólo en periodos relativamente cortos se ha tenido control sobre la misma, han sido honrosas excepciones al desequilibrio y déficit gubernamental.

Una de ellas fue en el llamado desarrollo estabilizador (1954-1970), en el cual se combinaron altas tasas de crecimiento económico con bajos niveles de endeudamiento. Por el contrario, las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado fueron marcadas por deudas estratosféricas que inhibieron fuertemente el desarrollo económico. Posteriormente vinieron incrementos en los precios internacionales del petróleo y con ellos la entrada de más dólares a las finanzas públicas que dieron márgenes de maniobra a las autoridades financieras y se pudo dejar de pedir dinero en el extranjero, o al menos disminuyó la dependencia del exterior.

El precio del petróleo ha sido el que más ha influido en el monto de la deuda pública. Con precios promedio de 100 dólares por barril al inicio de la primera década del siglo 21, todo marchaba viento en popa. No obstante, a partir de 2011 la deuda pública ha presentado un continuo aumento. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda reportó en 2015 que el endeudamiento llegó a 161 mil 600 millones de dólares (5 billones 379 mil 900 millones de pesos). Pero para agosto de 2016 ya se había incrementado en alrededor de 15 mil millones de dólares. El acelerado endeudamiento  nacional se puede explicar por la caída en los precios internacionales del petróleo y las bajas tasas de interés en Estados Unidos, que permitieron obtener créditos relativamente blandos.

Más gasto de lo presupuestado en 2016. El año que acaba de concluir, según dio a conocer la SHCP en el Informe de Finanzas y Deuda Pública 2016, se gastó o invirtió más de lo autorizado por el Congreso de la Unión: el monto del desfase llegó a 611 mil 934 millones de pesos. La explicación que da la Secretaría de Hacienda al incumplimiento de las metas la asocia con rubros que destinó a dependencias paraestatales para cubrir sus requerimientos de corto plazo. Esto es, transfirió a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad montos millonarios para “mantener su viabilidad”, abonándoles a su cuenta de capital. De ahí, que la propia secretaría lo catalogue como un ahorro, y no un gasto.

Además, argumentó que hubo otras partidas, como por ejemplo las destinadas a la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México y más recursos al fondo de desastres naturales del país, entre otras que también desbalancearon el presupuesto de egresos originalmente aprobado.

Más de lo mismo. Con los resultados presentados por la hacienda pública, queda claro que el recorte anunciado al gasto en 2016, en la práctica no se llevó a cabo, o solamente fue para algunas dependencias, como fueron las universidades públicas; sin embargo, a nivel agregado no fue así. Desde una perspectiva macroeconómica, el problema de la deuda es estructural y su solución requiere de una reforma fiscal que considere el contexto nacional, en donde prevalecen las actividades económicas informales.
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