0 1 2 3
×
4
Columnista Invitado
Columnista Invitado
ver +

" Comentar Imprimir
08 Diciembre 2019 04:04:00
Poder invisible
Escuchar Nota
Por: Gerardo Blanco

En un estado democrático la ciudadanía debe ser un ente vigilante y participativo en las decisiones gubernamentales. Sobre este tema se han escrito toneladas de tinta. Podemos acudir al filósofo alemán Immanuel Kant, quien abundó sobre la necesidad de la visibilidad de poder en los regímenes democráticos.

Esta idea también fue abordada por el jurista italiano Norberto Bobbio cuando escribió, en su libro Democracia y Secreto, que la democracia es idealmente el Gobierno de un poder visible, es decir, el Gobierno cuyos actos se realizan ante el público y bajo la supervisión de la opinión del pueblo.

Los senadores y senadoras de la República son electos por medio del voto popular. Esto, entre otras características, los convierte en servidores públicos obligados a explicar y justificar, tanto jurídica como políticamente, todas sus determinaciones relacionadas con el encargo, en aras de privilegiar la rendición de cuentas.

En los gobiernos democráticos la publicidad es la regla, el secreto la excepción. Bajo esta lógica, resulta inútil que las sesiones del Parlamento sean públicas si sus integrantes no se conducen con transparencia. Es improductivo seguir una sesión pública de la Cámara de Senadores, cuando sus miembros toman las decisiones de manera oculta.

Atendiendo a estas directrices, es importante preguntarse: ¿es legítimo que los representantes populares en el Congreso tomen decisiones en lo oscuro? o ¿es democrático que los senadores designen servidores públicos del alto rango por medio del voto secreto? La respuesta a esas preguntas es un rotundo no.

Sin embargo, la realidad es la cara opuesta. Recientemente las y los senadores hicieron el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) bajo un procedimiento que pondera la secrecía del voto, el cual terminó por ser cuestionado por la oposición, alegando múltiples irregularidades, como presuntos votos dobles y un conteo deficiente de los mismos.

Con esto solo se obtuvo la designación de una presidenta poco legitimada, encargada de dirigir, ni más ni menos, el órgano más importante del país en materia de derechos humanos.

La misma historia ocurrió esta semana. El Senado de la República, de acuerdo con las atribuciones que le otorga el Artículo 76 constitucional, designó a quién ocupará la silla que se encontraba vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De la terna previamente enviada por el presidente López Obrador, los senadores eligieron por medio del voto secreto a Margarita Ríos-Farjat como nueva ministra.

¿Por qué el Senado consideró que A era mejor perfil que B o C para desempeñarse como ministra de la SCJN? ¿Qué criterio los llevó a considerar que A es la persona más preparada respecto a conocimientos constitucionales, al funcionamiento del sistema de justicia y de derechos humanos? ¿Qué elementos los lleva a pensar que A es quien mejor puede garantizar la independencia judicial máxime cuando se desempeñaba como funcionaria del Gobierno federal? ¿Por qué determinaron designar a A cuando la mejor comparecencia ante el Senado la hizo B? Y así se pueden agregar un sinnúmero de preguntas más.

En la época en la que a muchos se les llena la boca hablando de parlamento abierto, transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, todavía nos encontramos argucias jurídicas que propician procedimientos opacos, lo que provoca que los representantes populares prescindan de la obligación de explicar las razones y motivos que los conducen a tomar sus determinaciones, dejando a la ciudadanía como sujeto pasivo imposibilitado de ejercer su derecho a vigilar el quehacer político.

Las características del estado autocrático es la toma de decisiones al amparo de la mirada pública. Si en México pretendemos erradicar la debilidad institucional, combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho, hay que empezar por implementar procedimientos abiertos que conduzcan a los representantes populares –cualquiera que sea su naturaleza– a justificar sus actuaciones, y en consecuencia, que puedan ser evaluados y cuestionados a partir de estas.
Imprimir
COMENTARIOS


2

  • 3
4
6 7
8 9 0 1 2 3 4 5 20 21 22