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Leopoldo Ramos
Leopoldo Ramos
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19 Julio 2015 04:08:04
Policía infiltrada
Entre 2011 y 2013, más de 2 mil 700 policías municipales y estatales fueron dados de baja en Coahuila por no acreditar las pruebas de control y confianza, por su evidente relación con el crimen organizado o comprobarse que participaron en actos de tortura y abuso de autoridad.

Autoridades estatales y municipales aseguran que la nueva policía en Coahuila se encuentra limpia de infiltraciones de la delincuencia, y lo sostienen con el resultado de evaluaciones a cargo de organismos ciudadanos como Causa en Común, pero aun así hay al menos un municipio sin policía propia porque los agentes fueron acusados de colaborar con los criminales y permanecen presos.

La asociación civil Causa en Común reportó que al 28 de febrero de 2015, los 3 mil 9 policías estatales y 2 mil 675 municipales en funciones acreditaron los exámenes de control y confianza. En la entidad sólo hay un mando operativo estatal y seis municipales que están en activo sin haber aprobado la certificación.

En los números, Coahuila es el estado con más avance en el proceso de evaluación y certificación policial y sus números contrastan con los de entidades como Baja California Sur, donde 32 mandos estatales que significan 42% están en activo no obstante a no tener la certificación correspondiente; o Sinaloa, donde casi la mitad de los mandos de policías municipales siguen en el cargo aun cuando no pasaron las pruebas de confiabilidad.

En esta entidad, cerca de 2 mil policías fueron despedidos entre 2011 y 2013, luego de que se comprobó su relación con células del crimen organizado, a quienes daban protección a cambio de sumas de dinero que iban desde 8 mil, hasta 300 mil pesos mensuales, dependiendo del nivel jerárquico y el grado de impunidad que podían garantizar. El resto de los agentes policiales despedidos no pasó las pruebas por falta de aptitudes, por no acreditar exámenes físicos, por comprobarse su adicción a las drogas o casos de tortura y abuso de autoridad.

Si bien en sus registros el Sistema Nacional de Seguridad Pública asegura que todos los policías estatales y municipales de Coahuila son confiables, la realidad es distinta. El viernes 19 de junio, agentes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de la Comisión Estatal de Seguridad, detuvieron a los nueve integrantes de la Policía Preventiva de Villa Unión, cuando presuntamente recibían el pago por los servicios de espionaje que prestaban a una célula del crimen organizado.

Los policías fueron detenidos cerca de la Alcaldía, junto a tres presuntos sicarios del crimen organizado que les entregaron una cantidad no específica de dinero. Una semana después, el Juzgado Penal de Piedras Negras consideró que existen elementos de prueba suficientes para procesarlos por el delito de facilitación delictiva, conocido en el lenguaje policial como halconeo.

A la hora de infiltrar los cuerpos policiales, la delincuencia no distingue colores ni siglas. Entre los policías detenidos en Villa Unión destaca Román Fuentes Muñiz, de 41 años, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública Municipal y es hermano del Alcalde de Villa Unión, Ezequiel Fuentes, quien llegó al cargo postulado por el Partido Acción Nacional.

Lo ocurrido en Villa Unión muestra que en materia de seguridad pública y de garantías de la Policía hacia los ciudadanos, nada está escrito todavía.
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