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Denisse Dresser
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21 Enero 2013 04:00:26
Política de aparador
Hoy sabemos que Enrique Peña Nieto percibe un sueldo de $193,478 pesos mensuales. Que posee cuatro casas, cuatro terrenos y un departamento. Que también tiene obras de arte, joyas, relojes varios y monedas de plata. Que los autos favoritos de los miembros del gabinete son los BMWs y los Jaguares. Que el nuevo director de Pemex es dueño de un Picasso y un Dalí.

Sabemos todo eso porque en un esfuerzo por cumplir con sus obligaciones constitucionales, los miembros del nuevo gobierno han compartido con nosotros sus bienes patrimoniales. Así, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, los mexicanos podemos “verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos y la congruencia entre sus ingresos lícitos y sus egresos”. Lástima que en realidad no sea así. La apariencia se impone sobre la realidad. O como advirtiera Thomas Carlyle, intentamos asirnos de las sombras como si fueran sustancia.

Porque el recuento de los bienes enlistados no esclarece su valor ni cómo fueron adquiridos. No explica de dónde provinieron los que se obtuvieron por “donación”. No detalla los montos de los fondos de inversión ni su procedencia. El supuesto esclarecimiento vale entonces por su valor simbólico. El acto que arranca aplausos. El gesto que cosecha adulación. La forma por encima del fondo.

En la competencia por el prestigio, Peña Nieto intenta perfeccionar su imagen, manufacturar su mensaje, tomar decisiones que parecen correctas pero están lejos aún de serlo. Como explica el historiador Daniel Boorstin en el libro The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, esa se ha vuelto la forma más fácil de producir los resultados deseados. Acostumbrados a vivir en un mundo de seudo-eventos, creemos que nuestras sombras somos nosotros mismos.

Terminamos seducidos por las apariencias, por lo que las cosas presumen ser más allá de lo que son. Y de allí la unanimidad celebratoria con la cual se exalta a Enrique Peña Nieto. Hay gobierno, dicen. Hay experiencia, aclaman. Hay oficio político, aplauden. Y como evidencia del profesionalismo rescatado está la comida del titular de Hacienda con los líderes del Congreso. El encuentro del secretario de Relaciones Exteriores con los líderes del Senado. La reunión del titular de Gobernación con los dirigentes senatoriales de la oposición. El almuerzo del Presidente con los ministros de la Suprema Corte. El Pacto por México. Por encima de todo, las buenas maneras. El cuidado de las formas como un deber. El rescate de la política como consenso civilizatorio.

El problema surge cuando la exaltación de las formas se vuelve un fin en sí mismo. Cuando la Presidencia empuja reformas apresuradamente tan sólo para decir que lo hizo. Cuando, como ha sugerido Alejandro Gertz, los partidos legislan compulsivamente para encubrir y prometen para incumplir. Cuando el nuevo gobierno arma espectáculos publicitarios para generar la percepción de cambios que no ocurren. Cuando algo como la Ley de Víctimas se vuelve un instrumento para echar a andar el aplausómetro antes que reparar el daño causado. Cuando el gobierno adorna el aparador antes de remodelar el edificio en el cual se encuentra.

Porque no cabe duda que la Ley de Víctimas es una victoria moral para Javier Sicilia y su movimiento. Pero está lejos de ser un instrumento claro y contundente, eficaz y eficiente. Sus grandes defectos son desestimados ante sus buenas intenciones. Porque es “un símbolo”; “las víctimas fueron protagonistas”; “Sicilia estaba en el presídium”; “lo importante es que se dio el paso”; “se ve bien”. La oposición no sólo se suma a la política de aparador del Presidente; forma parte de ella. Está allí, ayudando a colgar cortinas, arreglar flores, colocar maniquíes. Está allí, ignorando la inconstitucionalidad de la ley, y su ambigüedad en cuanto a la definición de lo que significa ser una “víctima”, y la inexistencia de recursos presupuestales asignados para hacerla realidad.

Tal y como está, la Ley de Víctimas resuelve poco y descuida mucho, palomea promesas de campaña en lugar de abordar problemas severos. Pero tanto Peña Nieto como quienes deberían erigirse en su contrapeso conciben a la política como un espectáculo continuo. Un ritual de poses y fotos y apretones de manos y abrazos celebrados en recintos históricos. Un sitio en el cual se enlista el patrimonio de los miembros del gabinete, pero no se aclara su valor real.

Las apariencias engañan, y detrás de los gestos reformistas de tiempos recientes hay una realidad recalcitrante. Detrás de las buenas formas persisten los malos modos. Los mexicanos todavía no conocen el patrimonio completo de quienes los gobiernan. Todavía no cuentan -a pesar de la Ley de Víctimas- con normas que se cumplan y castigos que se apliquen. Todavía no saben cómo reducir la impunidad o crear un proceso penal que produzca certezas. Ante esos retos, Peña Nieto no puede sólo aparecer como modernizador; tiene que serlo. Parado en el aparador, se ha colocado una máscara reformista. Pero habrá que ver si el cuerpo le crece lo suficiente para llenarla.
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