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Federico Muller
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13 Enero 2017 03:00:00
Precios de los combustibles
Sin duda alguna se han escrito muchos artículos sobre el reciente incremento a las gasolinas en el país, pero el tema tiene aristas suficientes para seguirlo discutiendo sin que se agote por la pletórica cantidad de argumentos técnicos y políticos que lo rodean, al menos esa es la apreciación de quien escribe estas líneas. En este artículo de Entorno Económico se intenta analizar someramente dos factores que directa o indirectamente conminaron al Gobierno federal al incremento de los combustibles (gasolinas y diésel): economía informal y deuda pública.

De acuerdo con cifras que reporta el INEGI, en 2014, de cada 100 pesos generados en el país o de Producto Interno Bruto (PIB), 76 provinieron de la economía formal a pesar de que 57.8% de la población ocupada se ubicó en actividades informales, mientras que 42.2% de la población lo hizo en la economía regulada o formal. Esos números muestran lo poco productiva que es la informalidad en México: más de la mitad de la población ocupada y produciendo solamente menos de 25% del ingreso nacional.

Pero desde el punto de vista fiscal la situación es más complicada, por los impuestos que deja de percibir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La base de contribuyentes fiscales es relativamente pequeña en relación con el tamaño de la economía nacional. Los que están produciendo en condiciones de informalidad también demandan servicios públicos (educación, salud, vivienda…) que generan un costo adicional al erario, no retribuido por impuestos, lo que desde 2012 ha llevado paulatinamente al Gobierno a desequilibrios en los presupuestos de egresos.

Se estima que el costo del subsidio estatal a las gasolinas ascendería a 200 mil millones de pesos en 2017, cantidad estratosférica que el Gobierno se declaró incompetente de seguir aportando para mantener los precios de 2016 en la Magna y la Premium, año que quizá fue testigo de una de las últimas acciones del llamado Estado benefactor en la economía mexicana. Además, el subsidio ha sido perverso porque los hogares con ingresos más elevados fueron los que demandaron más gasolinas y diésel, pues su consumo alcanzó 31.1% del total, mientras que las familias con ingresos más bajos tuvieron sólo 1.5% del consumo total (Fuente: ENIGH, 2014). Por otro lado, el consumo per cápita de gasolina en México es uno de los más altos del mundo, superior al de economías desarrolladas como Alemania y Francia. Se calcula que en 2014 llegó a 397 litros por habitante, lo que se puede explicar por las pocas opciones que existen en el transporte público lo que hace privilegiar el uso del automóvil privado, además de los históricos subsidios.

El déficit público de la presente administración federal (2012-2018) es ya histórico, pues ha rebasado al de cualquier administración precedente. Además, el crecimiento de la deuda es tal que se calcula que al terminar el cuarto año del sexenio del presidente Peña Nieto llegará, en términos conservadores, a 50% del PIB nacional. Dado el débil crecimiento que ha tenido la economía, la administración federal ha solicitado créditos solamente para el pago de intereses de la deuda acumulada, sin que se hayan visto reflejados en mayor inversión pública que detone el crecimiento económico, factor que hace insostenible cualquier subsidio a las gasolinas.
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