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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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16 Diciembre 2018 04:00:00
Premio Nacional de Derechos Humanos 2018
En medio del atribulado clima político que atraviesa nuestro país, el Presidente de la República entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos al Dr. Héctor Fix Fierro, quien acudió a recibirlo en representación de su padre, el Dr. Héctor Fix Zamudio, a quien merecidamente correspondió este año el galardón.

En ese acto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez pronunció un discurso claro, conciso y puntual en el que planteó cuestiones muy interesantes.

“México atraviesa por una situación particularmente grave en cuanto a derechos humanos”, empezó diciendo cuando y ante quien debía hacerlo.

“Las víctimas -dijo- y la sociedad mexicana acumulan una serie de demandas no cumplidas y otros agravios que deberán ser atendidas y subsanados si se aspira a recuperar la confianza y cercanía de la gente con las instituciones. México demanda un cambio y una transformación, pero sustentada en el respeto a la Constitución, a las leyes, a los derechos, así como a los recursos y garantías que nuestro sistema jurídico concede y reconoce a todas las personas”.

Si el “estado de derecho” ha de restaurarse, partir del respeto a la constitución y a las instituciones fundantes del estado mexicano, es vital.

Muy importante posición es la que fijó, correctamente, cuando dijo que “México necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo. Requerimos la seguridad propia de un Estado democrático de derecho, donde las instituciones civiles no están subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, donde los derechos y el respeto a la dignidad de las personas no estén condicionadas a actuaciones autoritarias o discrecionales. Donde el respeto y aplicación de la ley, así como la debida investigación y persecución de los delitos sean cuestiones prioritarias. Nuestro país no puede permitirse renunciar a la institucionalidad civil y
democrática”.

Llamó la atención “sobre los riesgos implícitos en privilegiar las acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza, en particular con el establecimiento de una Guardia Nacional que, al estar mayoritariamente conformada por elementos de las fuerzas armadas, contraviene lo previsto actualmente en la Constitución, así como por principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales, en el sentido de que las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse, al mínimo indispensable, la participación militar en dicho ámbito”.

Con razón aseveró además que “los problemas de seguridad requieren ser abordados de manera integral. Por mejor capacitada que esté una policía, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad sino contamos con fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles”.

Este párrafo, expresamente dirigido al Ejecutivo, no tiene desperdicio: “La decisión mayoritaria de los votantes que permitió su elección como Presidente de México, lo volvió representante no sólo de quienes sufragaron a su favor, sino de todas las mexicanas y mexicanos. Usted nos ha convocado a participar y fijado como meta de su administración que sea la cuarta transformación del país, junto con la independencia, la reforma y la revolución en las que se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional, lograr el predominio del poder civil y la restauración de la República, así como la justicia y la democracia, respectivamente. En esta transformación usted marca como su objetivo convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno”.

El que le sigue tampoco: “Las tres primeras trasformaciones estuvieron marcadas por la división interna, la violencia y la confrontación fratricida. Estas no deben ser las pautas o características de esta cuarta transformación, por el contrario, el ideal de fraternidad marca la necesidad de que este cambio se sustente en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana. Los derechos humanos deben ser el eje de la cuarta transformación”.

Sigo con la reflexión la semana próxima. Lo amerita.
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