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Javier Villarreal Lozano
Javier Villarreal Lozano
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02 Septiembre 2018 04:00:00
Primero, justicia
Los linchamientos de supuestos robachicos en los estados de Puebla e Hidalgo, que finalmente resultaron ser inocentes, revela de una manera atroz la crispación y la desconfianza que privan actualmente en la sociedad mexicana. En ambos casos las “ejecuciones” se realizaron con lujo de violencia, quemando vivos a los presuntos secuestradores de menores. Barbarie en su manifestación más primitiva.

Estos hechos, que debieran encender la señal de alerta en todo el país, evidencian, sí, la falta de confianza en que las autoridades cumplan su función primordial: proteger a la sociedad, pero también el daño que están causando las redes sociales al difundir noticias, las más de las veces falsas, sobre el secuestro de infantes. Ignorancia e impotencia se combinan en una mezcla explosiva que conduce a los horrorosos extremos de los que han dado cuenta los periódicos e informativos de la radio y la televisión.

Encima de ello, las autoridades se muestran lentas para hacer las investigaciones e identificar a quienes encabezaron los linchamientos y someterlos a juicio. Solamente falta que los autores de estos crímenes queden sin castigo, amparados en el amplio paraguas de impunidad que cubre a Elba Esther Gordillo.

Una de las pocas voces que se han alzado para condenar los linchamientos ha sido la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en unas tibias declaraciones que suenan a perogrullada al referirse a los linchamientos: “No son otra cosa más que aplicar pretendida justicia, porque no es justicia por propia mano; esa no es justicia, es barbarie y hay que sancionar a quienes incitan e impulsan este tipo de soluciones”, dijo –suponemos que enfáticamente– el presidente de la CNDH, Luis Raúl González.

Cuando se requiere una exigencia firme para que se investiguen estos crímenes, González habla para decirnos que los linchamientos no son actos de justicia y, por lo tanto, son ilegales. Y nosotros que pensábamos que estos homicidios tumultuarios se realizaban dentro del marco de la ley. ¡Gracias por la interesante información, señor presidente!

Ante este panorama de violencia, una de las tareas urgentes del próximo gobierno será ocuparse de intentar al menos que las autoridades de todos los niveles recuperen en algo la confianza de los ciudadanos. Persisten la ineficacia en la persecución de los delitos y la violencia que priva en varias zonas del país. Y no se trata únicamente de los cuerpos policiacos, sino de todo el aparato de justicia, desde el uniformado de la esquina hasta los magistrados.

Ardua tarea le espera en este renglón al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien ha enarbolado la bandera de luchar por los pobres. Ojalá lo cumpla, pues son los pobres los que sí experimentan el rigor de la justicia, como se ha visto con un vendedor de conocida panificadora, quien perdió el trabajo y fue a la cárcel por el delito de robarse dos panecillos, mientras un puñado de gobernadores que saquearon centenas de millones de las arcas públicas disfrutan de sus fortunas mal habidas en completa libertad, sin que nadie los moleste.

Bienvenidos los programas de austeridad. Ya es tiempo de frenar los excesos de la alta burocracia y los desmanes de nuestros representantes populares, que se gastaban el dinero, nuestro dinero, en viajes inútiles. Pero nada se avanzará en realidad si no se reconstruye el aparato de justicia.
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