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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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20 Mayo 2016 04:00:30
Problemas familiares
Por iniciativa de su magistrada presidenta Miriam Cárdenas Cantú, en sesión del 27 de abril, el Consejo de la Judicatura del Estado, por unanimidad de votos y de manera urgente, aprobó la creación de órganos jurisdiccionales auxiliares de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Lo anterior, según se dijo, en consecuencia del incremento de juicios relativos a controversias familiares, dicho acuerdo identificado bajo el número y letra C-146/2016 y por medio del cual se crean seis juzgados auxiliares en materia familiar, que funcionarán por unperíodo de seis meses, a partir de este mes, con el propósito de atender la enorme carga histórica en esa materia.

Como es de verse, la reciente promulgación de leyes innovadoras en materia familiar, en nuestro estado, ha traído una avalancha de promociones de diversos tipos a los jueces familiares, la ciudadanía ocurre a ellos, con la intención de que sea el estado, el que por medio de resoluciones judiciales, proponga a los intervinientes una solución apegada a derecho, aunque no siempre justa.

Las instancias que principalmente se accionan son las solicitudes de divorcio, dada la facilidad que propone la ley en la materia, la cual radica en que sin mediar causa alguna suficiente, el juez disuelve el vínculo matrimonial en un abrir y cerrar de ojos.

El divorcio, sin causas, es una de las varias manifestaciones que nuestro estado ha cambiado, transformando con ello el concepto del matrimonio. Nuestros diputados locales con estas leyes han cambiando la esencia, los fines y objetivos que tenía cuando por vez primera fue regulado por el Estado en la Ley de Matrimonio Civil del 23 de julio de 1859, cuyo objetivo era el contar con un registro y efectos civiles del matrimonio, así como todo lo relativo a su constitución y disolución, procurando principalmente alentar el compromiso entre las partes.

Aunado a lo anterior, El 10 de julio del año 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación implantó en todo el territorio nacional un régimen de fácil acceso al divorcio, declarando la inconstitucionalidad de las legislaciones de las entidades federativas que establecían un régimen de disolución del matrimonio, por medio de la acreditación de causales, cuando no existía el mutuo consentimiento de los contrayentes.

Pero, no todo es miel sobre hojuelas, ya que la única resolución expedita en este procedimiento lo es la declaración del divorcio entre las partes, olvidando pronunciarse, en las consecuencias que tendrá la disolución del vínculo matrimonial, por ejemplo: el juzgador no señala en su sentencia cómo quedará la situación económica de los esposos después de disuelto el vínculo, tampoco dice nada respecto a la manera de sufragar las obligaciones que deberán subsistir después del rompimiento.

Es decir, el mágico procedimiento de divorcio incausado ha propiciado un incremento considerable en el número de ciudadanos divorciados, sin cumplir con su principal finalidad, que según la Corte es: evitar enfrentamientos entre personas y familias que provocan entre ellos aspectos negativos e incluso violencia, lo que suele afectar el equilibrio anímico, no tan sólo de los hijos sino también de los miembros que integran ese núcleo familiar; dado que si quedan sin resolverse cuestiones inherentes a las consecuencias jurídicas que acarrea para los cónyuges la disolución del vínculo matrimonial que los unía, obliga a las partes a continuar con los litigios entre ellos, contraviniendo los principios de unidad, concentración, celeridad y economía procesal que deben regir en el juicio de divorcio, lo que nos lleva a concluir que lo único que disuelve la aplicación de este modelo de divorcio lo es: su expectativa.
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