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Lulú De Koster.
Lulú De Koster.
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Es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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11 Abril 2018 04:00:00
Proveedores en la mira…
El Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), revela que siete de cada 10 compras que hace el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto no están licitadas o al menos no pasan por un esquema de comparación de precios y revisión de la calidad de los productos o servicios que justifiquen la compra.

En su más reciente medición, el IMCO señala que las oficinas donde el gasto es menos transparente, y que por lo tanto tiene mayores factores de riesgo de corrupción, son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el ISSSTE, el IMSS y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por el alto volumen o la cantidad de recursos que son erogados para la contratación de servicios o el pago a proveedores en las tan cuestionadas compras directas.

En este rubro, el de las compras directas o adjudicaciones que se necesitan por la emergencia en la prestación de servicios de salud regulados por el Estado, contingencias ambientales o la dotación de bienes que garanticen la satisfacción inmediata de una necesidad específica en la población, se requiere una revisión especial.

Los mecanismos de compra y la publicación del padrón de proveedores permiten dar alguna certeza del gasto hecho por ejemplo, en la contratación de obra pública, como lo es la construcción de puentes o calles en una ciudad, pero también está el abasto de medicamentos e insumos en hospitales, donde por la premura del medicamento requerido por menores enfermos de cáncer o pacientes diabéticos, sería difícil llevar por la ruta de la licitación este tipo de compras. Y es ahí donde está la parte sensible, si es que en realidad se busca imprimir rigor al tema.

Ante este escenario, el IMCO ha propuesto una nueva Ley de Adquisiciones para evitar que una o dos empresas sean las que regularmente se lleven la mayor parte de la inversión en obra, compras de medicinas o contratación de servicios en una entidad pública.

Sería necesario articular el uso de las tecnologías para la ubicación de las empresas que son proveedoras o prestadoras de servicios en la llamada georreferenciación, que para algunos académicos, esta parte no le ha aportado mucho a la operación transparente de las compras, pero por algo se empieza.

Además, la reforma a la ley en Coahuila incluye la presentación de documentos con fotografía de proveedores y sus apoderados legales, pero ¿quién o quiénes están cumpliendo con esta reforma?, pero también se estableció como requisito la participación de observadores externos, algo así como testigos sociales, para evitar precisamente compras “a modo” y los cuestionamientos a la autoridad por el tema de los proveedores.
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