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Gerardo Hernández
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16 Junio 2018 04:00:00
Purga por Estafa Maestra
“El poder no cambia a las personas.
Sólo revela lo que verdaderamente son”.

José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay

La mediatización ha sido la estrategia del presidente Peña para suprimir riesgos que lo expongan a él, a su partido y a su gobierno. Cuando el fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto, se negó a absolver al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, empezó a ser presionado hasta que renunció. Lo mismo sucede ahora en el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, según advierte Gerardo Moyano en el bisemanario Espacio 4.

“A menos de cinco meses para que finalice el sexenio y a semanas de las elecciones del 1 de julio, el Gobierno de Enrique Peña Nieto está recibiendo reveses que lo empujan hacia el abismo. Entre los dos últimos, destacan la reposición de la investigación del caso Iguala (que derrumba la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayot-zinapa) y la crisis en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por una serie de despidos relacionados con el escándalo de corrupción conocido como ‘La Estafa Maestra’”.

“A ellos, se suma un artículo reciente del periódico The New York Times (TNYT), que tras revisar los documentos del caso Odebrecht, concluyó que “la falta de progreso” se debe a que “las presiones políticas son demasiado grandes para que el caso avance” (11-06-18). El diario estadunidense señala que aun cuando en el expediente del caso se “identifica a un asesor cercano a Peña Nieto como sospechoso (Emilio Lozoya) (…) el caso apenas si ha avanzado y solicitudes básicas de información han languidecido durante
meses”.

“TNYT recuerda que “los escándalos de corrupción han plagado al Gobierno de Enrique Peña Nieto prácticamente desde que llegó al poder. La primera dama adquirió un hogar de lujo de un contratista del gobierno en condiciones muy favorables (Casa Blanca), revelación que marcó el inicio de una caída en la popularidad del Presidente. Y surgieron más escándalos, entre ellos, la desaparición aún irresuelta de 43 estudiantes normalistas; el uso de un sofisticado programa espía comprado por el gobierno para monitorear a periodistas y defensores de los derechos humanos (Pegasus), y acusaciones contra altos funcionarios por el desvío de fondos públicos para financiar campañas del partido gobernante”.

“Lo cierto es que el cáncer de la corrupción ha hecho metástasis hasta alcanzar la ASF, que hasta hoy era una de las instituciones con mayor credibilidad. Al despido de Muna Dora Buchahin, directora general de Auditoría Forense del organismo, quien tuvo a su cargo las investigaciones sobre los multimillonarios desvíos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), le siguieron los de Salim Arturo Orci, titular de la Unidad de Gasto Federalizado, y Javier Pérez Saavedra, auditor de Cumplimiento Financiero (quien se desempeñó como auditor interino).

“Buchahin dijo que le solicitaron la renuncia porque “soy incómoda y, entonces, como hay decisiones que pueden tener en su mano (los altos mandos de la ASF), las ejecutan”. Un grupo de organizaciones civiles exigió aclarar los relevos, pues “preocupa que no se cuenten con elementos del conocimiento de la opinión pública y de los legisladores que permitan fundar y motivar las remociones que se han realizado al interior de la ASF”. (...) Juan Manuel Portal, extitular de la ASF (2010-2017) acusó a su sucesor, David Colmenares, de estar “desmantelando” el organismo». (La nota completa estará disponible en http://www.espacio4.com)


.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo) / t: @espacio4mx

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