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Alma Carolina Viggiano
Alma Carolina Viggiano
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La legisladora es originaria de Tepehuacan de Guerrero, Hidalgo, es abogada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tiene especialidades en las materias civil, procesal civil y mercantil en la Ciudad de México, así como diversos diplomados en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE). Ha sido secretaria general del PRI en Hidalgo y coordinadora estatal de campaña de Miguel Ángel Osorio. Anteriormente ha sido diputada local por el Distrito XV y diputada federal por el 01. Fue la primera mujer en prsidir el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo; fue integrante fundadora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Fue coordinadora estatal de la Comisión Interinstitucional para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Hidalgo; secretaria de Planeación y Desarrollo Regional y secretaria de Desarrollo Social en la misma entidad. Escribir a: [email protected]

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21 Noviembre 2016 04:09:00
Que los niños hablen
El pasado sábado se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra Niños y Niñas. Desafortunadamente, este flagelo sigue presente en todo el mundo.

En México, de acuerdo con datos de UNICEF, el 60% de los niños y niñas han sufrido algún tipo de violencia que en el 90% de los casos es cometida por familiares, amigos o personas cercanas a ellos.

Lo normal sería pensar que el seno familiar es el lugar más seguro para los niños y niñas, sin embargo, en muchos casos no es así. Es precisamente por esta circunstancia que la protección y garantía de los derechos de niños y niñas es un tema en el que el Estado tiene que intervenir con instrumentos oportunos, eficaces y suficientes.

También es por ello que uno de los instrumentos que, de manera especial, debemos fortalecer es la participación directa de los niños y niñas, es decir, que ellos opinen sobre lo que viven, sufren, temen y, por supuesto, lo que quieren y sueñan. Hoy, aún necesitan que alguien hable por ellos, porque la mayoría de los abusos ocupan el miedo como herramienta para someter y callar a sus víctimas.

Esto nos ha llevado a tomar diversas medidas, como la iniciativa preferente que presentó el presidente Enrique Peña Nieto ante el Congreso en 2014. Con su aprobación, México adoptó un nuevo compromiso con la niñez, al implementar el Sistema Nacional de Protección que tiene el objetivo de impulsar una nueva forma de crear políticas públicas a favor de los menores de edad, acompañado de un rediseño institucional que supere la visión asistencialista. Todos estos son avances muy significativos porque desde el año 2000, que se reconocieron los derechos de los niños y niñas a través de una ley no había existido un esfuerzo por hacer realidad su acceso a estos, pese a que forman un tercio de la población. Tal vez muchos gobernantes no invierten recursos, ni tiempo en ellos, porque, tal como decía mi amiga Isabel Crowley, ex representante de UNICEF en México, ellos no votan.

A la fecha, todos los estados han instalado su Sistema de Protección, lo que significa que todos los programas y acciones para proteger y garantizar los derechos de este segmento de la población, deben planearse, ejecutarse y evaluarse conforme a variables e indicadores que permiten garantizar el acceso de los niños y niñas a sus derechos.

Coahuila fue el primer Estado que instaló su sistema y a la fecha, todas las dependencias y entidades del Gobierno alimentan este sistema con información que responde a más de 50 indicadores formulados por organismos internacionales como la UNICEF.

Dentro del sistema se contempla una Procuraduría que se encargue de proteger a niñas y niños, y que garantice que no sean violados sus derechos. Al respecto he manifestado mi opinión sobre el hecho de que para que estas puedan intervenir de manera oportuna, eficaz y, sobre todo, con una visión de derechos humanos, debe estar fuera del sistema DIF. Es decir, desde que se comenzaron a crear las procuradurías de la Defensa del Menor, hace más de 30 años, han estado ahí, de tal manera que cuando lograban un acuerdo conciliatorio en las familias, o necesitaban intervenir para rescatar o evitar que un niño fuera vulnerado, dependían de un juez familiar, un Ministerio Público o de la Policía, lo que generaba pérdida de valioso tiempo e incluso irregularidades con consecuencias legales.

Por estas razones en Coahuila, se tomó la decisión de que la Procuraduría de Niñas y Niños (Pronnif) tuviera el rango de una Secretaría de estado y contara con un equipo multidisciplinario de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, así como una policía especializada, para poder dotarla de facultades de protección y garantía de derechos humanos y no sólo de asistencia social. A tres años de su creación, la Pronnif ha logrado evitar que sean violados los derechos de más de 52 mil niños y niñas, logrando que sólo 203 asuntos sean judicializados, es decir, su función de prevención y protección ha resultado ser eficaz, ya que las familias pueden encontrar una solución a los problemas que enfrentan sin necesidad de llegar a un juez. Por ello celebro esta ruta que México ha emprendido. Nuestra prioridad debe ser ahora fortalecer la participación de niños y niñas en el sistema; seguramente nos va a sorprender todo lo que con ellos podemos aprender y comprender.
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