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Ricardo Raphael
Ricardo Raphael
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Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración (ENA) de la República Francesa. Estudios Doctorales en Economía Política y Políticas Comparadas por la Escuela para Graduados de Claremont, California, EU. Secretario General de Democracia Social, Partido Político Nacional. Representante ante el Consejo General del IFE del partido México Posible. Coordinador de la Comisión Ciudadana de Estudios para Eliminar y Prevenir la Discriminación. Actualmente es profesor afiliado a la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Conductor del Espiral, programa de análisis político dominical del Canal 11. Analista Político cotidiano del Noticiero Enfoque de Núcleo Radio Mil. Analista semanal del noticiero nocturno de Proyecto 40. Co-conductor del programa Claves, también de Proyecto 40. Integrante de la mesa editorial de la Revista Nexos. Miembro del Consejo Consultivo de Conapo. Cuenta con diversas publicaciones en temas relativos a: La transición democrática. La función pública. El sistema de partidos. Los derechos. La ciudadanía.

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08 Marzo 2018 04:00:00
¿Quién buscará a los desaparecidos?
Cuando las cosas pueden hacerse bien, no tendrían por qué salir pésimo. Los más de 30 mil desaparecidos son uno de los temas más delicados de nuestra época. Por presiones externas y también por las organizaciones de la sociedad, el año pasado se aprobó en México la ley general en materia de desaparición forzada de personas que, entre otras cosas, prevé la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda.

Una y otra herramienta serán clave para que el Estado mexicano responda a esta epidemia y desmantele las rondanas y los tornillos que permiten funcionar a esta maquinaria infernal de la desaparición.

Casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los 72 migrantes de San Fernando, los torsos de Cadereyta, los restos de Veracruz, Nayarit o Monterrey son el síntoma de una actuación sistemática y perfeccionada para aniquilar seres humanos.

No sólo grupos criminales participan en ella, sino también autoridades cómplices. Según la mayoría de los casos que han logrado descifrarse, suele haber un policía o un agente del Estado involucrado en los actos de desaparición.

De ahí que el gran desafío de la nueva Comisión Nacional de Búsqueda de Personas será desarticular a la sociedad entre autoridades e integrantes del crimen organizado.

Dada la dimensión del asunto, la Secretaría de Gobernación, y también la Presidencia de la República, debieron haberse esmerado en el nombramiento de la persona que será titular de esa instancia clave.

Ayer se hizo público que el primer comisionado será Roberto Cabrera Alfaro, quien hasta la semana anterior se desempeñaba como responsable de estrategias del Sistema de Seguridad Pública, bajo las órdenes de Renato Sales Heredia.

Una revisión atenta de la biografía de este funcionario despierta, sin embargo, incomodidad. Cabe comenzar por su formación profesional. Dice el nuevo titular de la Comisión que cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Univer, obtenido en el año de 2013. Sin embargo, me fue imposible encontrar registro de su cédula profesional y también el plantel preciso donde supuestamente estudió.

No sería el primer funcionario que obtuvo un título universitario por vías poco ortodoxas, ni tampoco alguien que lo consiguió con casi 40 años. Pero algo huele mal al respecto.

Todavía más relevantes son las denuncias que el periodista campechano Luis Armando Mendoza Leciano hizo en contra de Roberto Cabrera, sobre la época en que el comisionado trabajó para la procuraduría general de justicia de Campeche.

Lo acusa, en concreto, de dos presuntos delitos: primero, de haber participado en actos de tortura que llevaron a la muerte al taxista José Luis Flores Rosado en el año de 2010. Aclara el reportero que sus jefes sacaron del expediente su nombre y sin embargo asegura que cuenta con pruebas sobre su involucramiento.

La segunda denuncia periodística es por desviación de fondos. De acuerdo con Mendoza, el flamante comisionado Cabrera habría dispuesto de recursos públicos sin respetar la normatividad y un reporte gubernamental contendría las pruebas de este ilícito.

Por último, narra que este mismo funcionario habría sido detenido por la autoridad en el año de 2012, dentro del aeropuerto de la Ciudad de México, mientras portaba 600 mil pesos en efectivo.

Cabe que estas denuncias y acusaciones de Luis Armando Mendoza y otras fuentes estén equivocadas. Sin embargo, llevan más de 5 años manchando la reputación y el expediente de Roberto Cabrera Alfaro, sin que hayan sido aclaradas o refutadas.

ZOOM: El problema es que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas requiere nacer con la más alta estatura moral y legitimidad y estos antecedentes de su titular no ayudan a tal propósito.
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