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David Boone de la Garza
David Boone de la Garza
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27 Diciembre 2016 04:00:00
¿Quiénes violan los derechos?
El de los derechos es un tema que tiene que ver con todas las personas; con aquellas a las que les interesa y con las que no, con las que conocen su contenido y con quienes lo ignoran. En cuanto a estos dos últimos grupos, es deber de las primeras que las segundas los conozcan y, sobre todo, que les sean respetados al igual que los suyos; pues vivir en sociedad (en común–unión) implica, entre otras cosas, que quienes se encuentran en una posición de ventaja velen por quienes se hallan en desventaja.

Cuando se habla de derechos, y particularmente de derechos humanos, es habitual que se piense que se trata de los derechos de los delincuentes, de los derechos de ciertos segmentos en situación de vulnerabilidad, y/o de aquellos que “solamente” violan o pueden violar las autoridades.

Esa creencia, aunque no es infundada, es errónea. Los derechos humanos (como ya se ha precisado en otras ocasiones en este espacio) son los derechos de todas las personas que, por su impacto en la dignidad –su trascendencia–, requieren de protección y garantías especiales.

En efecto, los derechos humanos no sólo deben ser respetados por la autoridad y no es esta la única susceptible de transgredirlos; también deben ser respetados por las personas en posición de particulares y, de hecho, son estas quienes principalmente los transgreden. Así es: los transgresores más frecuentes de los derechos son los particulares.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Derechos Humanos, Discriminación y Grupos Vulnerables (UNAM, 2015), los cinco derechos humanos que los mexicanos sienten que mayormente les han sido vulnerados en el último año son: expresarse libremente; recibir un salario digno; ser tratado con dignidad y respeto, independientemente del sexo, raza u otra condición; acceder a la atención a la salud, y que se respete su vida privada. No es necesario hacer un análisis profundo para percatarse de que tales libertades pueden y son violentadas muchas más veces por los particulares que por las autoridades.

Según el Informe de País México, Situación de Derechos Humanos en México (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015), entre los delitos y las situaciones en las que más afectan derechos humanos en nuestro país, se encuentran las desapariciones, las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, el acceso a la justicia y aquellas transgresiones cometidas en contra de personas que se encuentran en situación particular de vulnerabilidad (mujeres, pueblos y comunidades indígenas, personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, y migrantes y desplazados). Sin embargo, los delitos considerados como de alto impacto en México, con mayor incidencia, son: homicidio doloso; homicidio culposo; secuestro; extorsión; robo con violencia, y robo de vehículo (Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, 2015).

Si bien el primer grupo de delitos son graves porque, además de la magnitud del daño, en prácticamente todos ellos participan autoridades (a quienes se les asigna una encomienda y un salario para hacerlos efectivos y no para anularlos); en el caso de los segundos (los identificados como de alto impacto), estos son cometidos por particulares. Es decir, como ya se ha precisado, no solamente las autoridades violan derechos humanos, sino que también lo hacen las personas, desde su esfera privada.

Esta realidad ha hecho que los ciudadanos no nada más confíen poco en las autoridades, sino también en los demás ciudadanos, en sus iguales. Diversas encuestas y estudios han demostrado que existe una gran desconfianza de los mexicanos con respecto a la actuación de las autoridades. Cuando se les preguntó, por ejemplo, qué tanta confianza les inspira los jueces, el 60% respondió que poco o nada (UNAM, 2015). Pero lo mismo pasó del otro lado, en cuanto a las relaciones entre particulares. La gran mayoría de los mexicanos, el 80%, está de acuerdo o de acuerdo en parte en que “la gente se interesa sólo en su propio bienestar”; en tanto que más de la mitad de ellos, 52%, está en desa-cuerdo o en desacuerdo en parte con la idea de que “la mayoría de la gente es honrada y se puede confiar en ella” (UNAM, 2015).

Conocer y admitir que los principales infractores de derechos son los mismos individuos, desde su posición en la sociedad (los profesionistas, empleados, empresarios, amas de casa, estudiantes, obreros, campesinos, etc.) es sustancial para la reflexión, preocupación, autocrítica, el cambio de ideas, actitudes y costumbres. El problema no son las autoridades ni los políticos, los policías ni los líderes sindicales; son los ciudadanos que, ya sea desempeñándose como autoridades, políticos, policías, líderes sindicales o así nada más, como ciudadanos, como particulares, muchas veces desconocen los derechos y sus implicaciones, y/o carecen de ciertos valores humanos fundamentales, lo que ha conformado sociedades con culturas que se caracterizan por un tener un bajo nivel de consideración y respeto a la dignidad.

Para hacer evolucionar la cultura social debe comenzarse por transformar positivamente la cultura personal. Para ello es básico estar conscientes de que los delitos y las faltas más lacerantes tienen su origen en pequeñas conductas (acciones y omisiones) cotidianas, como discriminar, tolerar las ofensas a los demás, no denunciar, carecer de interés y no participar en la política, corromper, y no hacer nada para contribuir a que todas las personas puedan ejercer sus derechos sin limitaciones ni condicionantes, como lo son la situación económica y cultural, la educación, las discapacidades, el sexo, el género, la orientación sexual, las ideas y opiniones, el origen étnico o nacional y la religión.
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