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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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15 Julio 2016 04:00:57
Reforma educativa
Ante las diversas manifestaciones tanto en los medios de comunicación como en charlas de café, respecto a la reforma educativa, en pro y contra los maestros disidentes, de quienes dicen conocer a fondo lo relativo a la reforma educativa, la mayoría de los ciudadanos, desconocemos qué es lo que tanto molesta a los maestros opositores y qué lo que realmente les afecta y afecta a la población en general.

Es por lo anterior que debemos normar nuestro propio criterio empezando por recordar que fue en septiembre del año 2013, cuando se promulgó, en nuestro país, la tan anunciada reforma educativa, la cual según se dijo, tiene como principal objetivo el fortalecer el papel de la educación en la sociedad mexicana, reducir las desigualdades sociales y destinar mayores recursos a las zonas más pobres del país; además se prometió que con dicha reforma se garantizaría la educación gratuita y obligatoria.

Para que este sistema educativo funcione, los alumnos deben tener mejores maestros, que estén más tiempo en los planteles para que su formación sea más completa, acceso a alimentos sanos y nutritivos, con mejores libros de texto y materiales educativos, y con escuelas con instalaciones adecuadas y en buen estado.

A la par de la citada reforma constitucional en materia educativa, se aprobó un innovador modelo laboral y administrativo que contiene los mecanismos de acceso, promoción y permanencia en el Servicio Profesional Docente, todo esto a través de las leyes secundarias de la reforma educativa, es decir, además de la modificación constitucional se aprobaron: la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Desde que esta fantástica propuesta educativa se dio a conocer, profesores de todo el país y especialistas advirtieron sobre la fallas e inconsistencias que la misma presentaba, las cuales se evidenciaron al momento de su aplicación, por ejemplo: la reforma consideraba los siguientes supuestos: que cada nuevo docente que ingrese bajo los nuevos mecanismos de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) debe estar acompañado de un tutor para vigilar su desempeño. (Esto nunca podrá ocurrir ya que no se cuenta con esos miles de tutores). La obligación inicial de realizar un diagnóstico, rediseño y fortalecimiento de las escuelas normales. (Esto no sucedió). Con el resultado de este diagnóstico se diseñaría el nuevo modelo de formación con perspectiva pedagógica distinta y acorde con el México del siglo XXI. (Si no se hizo el diagnóstico, menos el nuevo modelo, por lo que hasta ahora el mismo carece de todo contenido educativo y pedagógico).

Ahora bien, ya en funcionamiento y respecto al personal Docente, tenemos que durante la primera evaluación del desempeño a maestros en servicio no se respetaron los criterios de selección; jamás se les informó de forma oportuna quiénes serían convocados ni cómo debían presentar las evidencias de su labor en el aula. A esto se sumaron fallas de organización, técnicas y el despliegue de miles de policías para resguardar las sedes. Un informe reciente, denominado “La evaluación del desempeño docente: de lo comprometido a lo realizado”, destaca en sus conclusiones que el proceso aplicado en noviembre pasado a poco más de 100 mil docentes no sirve para conocer las prácticas pedagógicas o de dirección y gestión de los sujetos evaluados.

A esto debemos sumas que a miles de maestros les han negado el pago total del estímulo otorgado a través de las distintas etapas del programa de Carrera Magisterial –que desapareció a partir de mayo de 2015–, ya que el incremento otorgado este año sólo impactó su salario base.

Una vez analizado lo anterior, le invito a reflexionar sobre si la oposición férrea del magisterio a la reforma educativa se encuentra o no fundada.
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