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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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27 Octubre 2017 04:04:00
Reforma política insuficiente
Parece que todo está dicho respecto a la elección de Gobernador 2016-2017 en Coahuila, por lo menos lo relativo a su validez. Lo anterior dada la marcada tendencia de las resoluciones y ejecutorias dictadas por las autoridades electorales, tanto federales como locales. Incluso el pasado miércoles, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila desechó 13 de las 14 impugnaciones presentadas que pretendían la anulación de la citada elección, lo anterior bajo el argumento de que las irregularidades denunciadas no fueron de tal magnitud como para considerarlas determinantes en los resultados electorales.

Debemos recordar que la elección vivida el presente año en Coahuila sirvió como prueba de fuego a la reforma electoral realizada por el Congreso de la Unión en el año 2014, en la cual si bien es cierto que se avanzó en algunos capítulos, también lo es que algunos más quedaron pendientes, tales como el fuero, la doble vuelta, etc. Lo cierto es que, en cuanto a lo electoral, el beneficio fue que se acortaron los periodos de campaña y se pretendió reducir los altos costos de las mismas.

De igual forma en dicha reforma se concibió un árbitro local, imparcial y ciudadano, subordinado al también, recién creado, Instituto Nacional Electoral, con lo que supuestamente se pondría fin a las irregularidades observadas en las elecciones locales, producto de la intervención de los gobiernos estatales en los institutos electorales, lo que en los hechos, mas no en derecho, se materializó con la creación del Instituto Electoral de Coahuila, bajo la figura del Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Así pues, y volviendo a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral local el pasado 25 del mes corriente, identificada bajo el estadístico 95/2017, que confirma la validez de la elección de Gobernador, se observa un voto particular emitido por el magistrado Ramón Guridi Mijares, el cual, en franca oposición, consideró que los elementos vertidos por los denunciantes a fin de acreditar las causales de nulidad eran a su gusto por demás suficientes, fundando su dicho principalmente en las supuestas violaciones a los principios de legalidad y certeza que rigen a una elección democrática, las cuales fueron posibles en consecuencia del rompimiento de la cadena de custodia de los paquetes electorales y la práctica del recuento de votos en sede administrativa, sin mediar motivo alguno.

Entonces, y dadas las referidas manifestaciones, es oportuno reconocer y considerar que ambas anomalías advertidas por el magistrado Guridi, son 100% imputables al órgano electoral local (IEC), por lo que más allá de considerar si el criterio de los juzgadores es o no el correcto, debemos reconocer que la pasada elección local ha sido por demás traumática, dada la precaria actuación de la autoridad local electoral.

Es evidente, entonces, que el Instituto Electoral local ha incumplido con su compromiso de garantizar elecciones verdaderamente legítimas; por consecuencia, debemos reconocer que la Ley Electoral vigente sigue siendo insuficiente, dada la imposibilidad de la autoridad local para detener las ansias de poder de quienes no dudan en derribar todo dique jurídico impuesto con el único fin de imponer sus objetivos, los cuales, dicho sea de paso, han sido el origen de todos nuestros problemas.
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