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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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06 Septiembre 2017 04:07:00
Retórica de la violencia
En medio de la vorágine poselectoral y de la incertidumbre por el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la sociedad civil ha dado ejemplo de madurez a los partidos y agentes políticos. El 4 de junio, la ciudadanía acudió copiosamente a las urnas, pero no vio reflejada su afluencia en el cómputo de votos. Menos de 48 horas después del cierre de casillas, legiones de coahuilenses protestaron pacíficamente en Marchas por la Dignidad, en Saltillo y Torreón, para impugnar la elección de Gobernador y pedir nuevos comicios.

En Monclova, Piedras Negras, Acuña, Matamoros, Nueva Rosita y otras ciudades se realizaron protestas similares convocadas por el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC). La coalición está formada por los excandidatos Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas (independientes) y José Ángel Pérez (PT). Después de expresar su voluntad en las urnas y en las calles, la ciudadanía espera ahora la respuesta del TEPJF a su demanda de elecciones limpias, desoída por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y su equivalente a escala nacional.

Los candidatos de las principales fuerzas políticas en el estado (PRI y PAN) no satisficieron a la ciudadanía e incluso provocaron división en sus propios partidos. Con los de Morena, el PRD, el PT y los dos independientes pasó lo mismo. La guerra sucia suplantó las ideas y las propuestas. En el par de debates (des)organizados por el IEC, el priista Miguel Riquelme y el panista Guillermo Anaya se acusaron de corruptos, de enriquecimiento ilícito e incluso de estar vinculados con la delincuencia organizada. Los cargos, por su gravedad, ameritaban denuncias penales, pero ni Riquelme ni Anaya dieron ese paso.

El PRI apostó a su estructura y a la maquinaria del estado para retener el poder; el PAN, al anhelo de alternancia, al hartazgo ciudadano y al enfado social por la deuda de 40 mil millones de pesos, el abuso del poder y otros escándalos de corrupción como las empresas fantasma a las cuales se desviaron más de 500 millones de pesos, sin que en ninguno de los casos haya todavía funcionarios en la cárcel, pero ni a uno ni a otro les bastó. Las elecciones fueron las más cerradas en la historia de Coahuila… y las más desaseadas. De no haberlo percibido así, la ciudadanía se habría conformado con el resultado en vez de refutarlo.

El tema de Coahuila se insertó en la agenda nacional y despertó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al TEPJF de su letargo para remediar un proceso viciado, no por el liderazgo de los candidatos de oposición, por la presión de las cámaras empresariales o la influencia de los corporativos en las esferas de poder, sino por el impulso de una sociedad civil indignada contra la corrupción, la impunidad y la soberbia de las autoridades.

La coyuntura le brinda a Anaya y a otros excandidatos reunidos en el FDC la oportunidad de devenir en los líderes que nunca han sido, pues catalizan el malestar social y político contra los hermanos Humberto y Rubén Moreira. El PRI y el Gobierno lo saben y por eso tratan de anularlos. Las acciones contra el exaspirante de la Alianza Ciudadana por Coahuila —por causas fundadas o no— pueden revertirse y convertirlo en víctima. Los bandos deben moderarse, pues hay retórica que incita a la violencia.
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