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Leopoldo Ramos
Leopoldo Ramos
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17 Mayo 2015 04:00:39
Seguridad y elecciones
El asesinato a balazos de Enrique Hernández Saucedo, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Yurécuaro, Michoacán, el jueves 14, encendió en el país los focos rojos por el riesgo de que la violencia del crimen organizado y de venganzas políticas apague las de por sí poco vivas campañas electorales.

En Michoacán y Jalisco, donde las bandas criminales se manifestaron con mayor relevancia en las últimas semanas, no existen condiciones para el desarrollo del proceso electoral y de la jornada de votaciones el 7 de junio, de acuerdo con la advertencia que hacen los propios partidos políticos, pero también es pertinente decir que la crisis electoral por el riesgo de atentados en contra de candidatos, dirigentes partidistas, funcionarios y representantes del Instituto Nacional Electoral y votantes no es generalizada.

De acuerdo con información del INE, en Coahuila hay condiciones para que partidos políticos y candidatos hagan campaña, vayan a las calles, barrios y a las comunidades rurales para presentar a los ciudadanos su oferta de trabajo en caso de ser beneficiados con el voto popular en los comicios del 7 de junio.

No hace mucho que los capacitadores y notificadores del INE y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila batallaban para ingresar a colonias de Torreón, Monclova, Piedras Negras y otros municipios donde los delincuentes tenían control pleno sobre colonias completas. La influencia de los grupos violentos era tal, que en la colonia Nuevo México, de Torreón, los halcones y sicarios de las organizaciones del crimen organizado mantenían un blindaje inviolable para policías y militares, qué decir de los funcionarios electorales.

La situación actual es distinta, y hasta el momento la irrupción de la violencia en el tema electoral se limita a la agresión que denunció la candidata de Morena a diputada federal por el Distrito IV de Saltillo, Alma Rosa Garza del Toro, quien dijo a las autoridades que el domingo 3 de mayo dos sujetos que se hicieron pasar por policías federales, uno de ellos con el rostro cubierto, entraron a su casa de la colonia Lomas de Lourdes, donde estaba con su esposo, los ataron de las manos y amenazaron con matarlos.

“Eran aproximadamente las 8:30 de la mañana, llegaron dos sujetos presentándose como policías federales, nos amenazaron con una pistola, nos amarraron las manos por la espalda. Uno traía capucha, el otro no; nos sentaron en la sala con las manos atadas, uno se quedó vigilándonos, el otro revolvió nuestra recámara. Le hablan a mi marido, lo retienen, el del arma me pone la pistola en la cabeza, me dice que me calle, que no grite y amenaza con matarme”, relató la candidata, en conferencia de prensa.

El hecho es inadmisible y la Procuraduría General de Justicia del Estado debe esclarecerlo pronto para tranquilidad de la candidata, de su familia y de la ciudadanía en general, pero no se debe tomar como base para asegurar que las condiciones de inseguridad en Coahuila ponen en riesgo el curso de la elección. En Coahuila hay condiciones de seguridad para los electores y los candidatos, y sólo hay que esperar poco menos de un mes para ejercer el derecho al voto.

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