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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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12 Mayo 2017 04:00:00
¿Si se invalidan las elecciones…?
Cuando se carece de leyes eficaces se puede entonces dejar de culpar a las instituciones del mal desempeño de los contendientes en un proceso eleccionario; sin embargo, cuando la ley es clara y perfecta, poca excusa queda a quien en su mandato encuentra la obligación de garantizar una elección limpia y apegada a derecho.

En nuestro estado, nadie hace nada para detener desde ahora la batalla campal que se da día a día en el terreno, en donde las lideresas, los candidatos, los militantes y hasta los dirigentes de los partidos más grandes se permiten atentar contra la secrecía del voto, ofrecer dádivas a cambio de éste, utilizar los programas sociales con fines electorales, amenazar a los ciudadanos, despertarlos en la madrugada, y hasta someterlos a escuchar día y noche, en todos los medios de comunicación, un sinnúmero de spots cargados de infamias, insultos, malas palabras, promesas utópicas, chantajes e injurias. Lo que traerá como consecuencia una jornada electoral bastante difícil, de cuestionados resultados, esto como consecuencia lógica del mal desarrollo de este proceso, que ante la falta de control permite el caos.

En cualquier democracia aceptable o estado de derecho, las conductas observadas hasta hoy por algunos actores políticos en Coahuila ponen en riesgo la observancia de los principios legales rectores en la materia electoral, lo más lamentable es que, de seguir dándose dichas conductas y de probarse la violación de alguno estos principios, la elección de gobernador en Coahuila pudiera ser anulada.

Contrario a lo que la mayoría opina, quien esto escribe considera que lo mejor que pudiera pasarnos es que la autoridad correspondiente se permita invalidar una elección gubernamental. Muchos piensan que de darse la anulación de una elección produciría un enorme caos, porque el Estado quedaría acéfalo y cundiría la anarquía o, al menos, un lapso difícil mientras se vuelve a convocar a nuevas elecciones. Efectivamente, el cuadro no es el más deseable, sin embargo sería el único camino frente a una realidad excepcional que no podemos esquivar.

Para nuestra tranquilidad, en caso de anularse la elección gubernamental, la Administración Pública estatal poco resultaría afectada en cuanto a que el presupuesto deberá estar aprobado por el Congreso hacia octubre como ocurriría aunque no se diera la invalidez de la elección gubernamental. El gobernador interino tendría que ejercerlo, conforme al programa que le sirvió de base al Congreso para decidir los ingresos y los egresos del periodo anual.

Las más grandes ventajas que traería la anulación de la elección serían en lo político, ya que nos enfrentaríamos a una novedad bastante saludable según mi punto de vista. La primera es el consenso obligatorio para elegir al gobernador interino por parte del Legislativo y, la segunda y mejor, es que a partir de dicho escarmiento, todos los partidos y candidatos independientes deberán asumir la responsabilidad de que las reglas electorales de autenticidad de las elecciones, libertad al votante, equidad en la contienda, legalidad e imparcialidad de los órganos electorales, no son optativos sino ineludibles para que pueda darse una verdadera elección democrática y legalmente válida.
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