×
Ricardo Torres
Ricardo Torres
ver +

" Comentar Imprimir
10 Noviembre 2017 04:00:00
Similitud
La incertidumbre respecto a la validez legal de la elección de Coahuila y la falta de confianza sobre el desempeño de los órganos jurisdiccionales que se encargarán de calificarla, han tomado una relevancia sin precedentes en la historia moderna de México.

La deficiente aplicación de la ley electoral federal, promulgada en el 2014, la falta de responsabilidad por parte del poder legislativo local para adecuar la ley electoral, así como la ausencia de coordinación entre el IEC y el INE en la preparación del proceso eleccionario 2016-2017, en Coahuila, ha traído como resultado, una de las elecciones más cuestionada, por lo menos en los últimos seis años.

Tal es la magnitud y relevancia de nuestra elección, que en días pasados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) integró una comisión innominada, con personal de las siete ponencias de la Sala Superior, misma que se encargará de la elaboración del proyecto de sentencia en los juicios relativos a la elección de Gobernador de Coahuila. Una vez elaborados estos, serán sometidos al estudio y análisis, por el total de los integrantes de ese órgano jurisdiccional.

Para dimensionar de manera precisa lo que está ocurriendo en el máximo tribunal electoral de nuestro país por causa de la elección coahuilense, debemos recordar, que la única vez que esta misma autoridad recurrió a una estrategia igual, para suavizar un tema electoral fuertemente cuestionado, lo fue el 25 de junio de año 2012, fecha en que por unanimidad la Sala Superior del TEPJF aprobó la integración de una Comisión encargada de formular el dictamen sobre el cómputo final y la calificación de la elección Presidencial.

Aquella comisión fue identificada con el nombre de Comisión Calificadora de la Elección Presidencial, por lo que fue la encargada de formular el proyecto de calificación jurisdiccional de la elección presidencial. A diferencia de la nueva comisión, aquella del 2012, fue integrada por tres magistrados de los siete que conforman la Sala Superior, así pues, los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava Gomar, fueron electos por unanimidad para integrarla.

Al igual que entonces, se estrenaba una reforma constitucional y legal, promulgada en 2007 y 2008, que al igual, implicaba la adopción de nuevos paradigmas en la organización de los procesos electorales y entre los cuales destacaban la implementación de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y una regulación específica de la propaganda.

A partir de este contexto, en aquel caso, temas trascendentales como Monex, fueron analizados con las pruebas aportadas por la Coalición “Movimiento Progresista” y las pruebas recabadas por el mismo tribunal.

A pesar de que la comisión de aquel tiempo, reconoció que existieron hechos objetivos que constituían flagrantes transgresiones a la ley electoral, al final, tales hechos fueron consideraros insuficientes para demostrar el cuestionamiento fundamental; el cual era, la vulneración al principio de autenticidad del sufragio; pretensión máxima plasmada en la solicitud de nulidad de la elección. Bajo este argumento, dicha comisión declaró válido el resultado de la elección presidencial 2012.

Entonces y ante tal premisa y similitud, los coahuilenses debemos prepararnos, ya que la sentencia de ese mismo tribunal… Está por llegar.
Imprimir
COMENTARIOS



0 1 2 3 4 5 6