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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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12 Febrero 2018 04:07:00
Soberbia centralista
La Caravana por la Dignidad del gobernador chihuahuense Javier Corral superó el objetivo de recuperar 900 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda le había retenido al Estado por diferencias partidarias, las cuales no deberían existir en un sistema federal y auténticamente democrático, y activar el proceso para la captura y extradición del exmandatario César Duarte, amigo del presidente Peña Nieto y protegido del coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, y del exlíder nacional de ese partido, Manlio Fabio Beltrones.

La mayor victoria de Corral y de los chihuahuenses que apoyaron a su gobernador, como pocos lo son en el país, consiste en haber demostrado lo que es posible lograr cuando existe compromiso, liderazgo e identificación entre sociedad y Gobierno. Nada de esto habría ocurrido si los ciudadanos hubieran aceptado la imposición de Enrique Serrano, el delfín del ahora prófugo César Duarte. Corral ganó las elecciones por una diferencia de 100 mil votos bajo las siglas del PAN, mientras que, a Serrano, además del PRI, lo cobijaron los partidos Verde, Nueva Alianza y de los Trabajadores.

La derrota del Gobierno federal, que primero argumentó la inexistencia de recursos para solventar el compromiso con la administración de Chihuahua y luego pretextó errores de procedimiento de las autoridades locales para acceder a los fondos, es, sobre todo, política. El mensaje al país es que la movilización pacífica y organizada puede lograr resultados justos para una entidad y doblegar la arrogancia centralista. La retención de los 900 millones de pesos era en realidad un castigo a un estado por haber votado contra el PRI.

Si Coahuila sirvió de laboratorio para las elecciones presidenciales del 1 de julio, bajo la consigna de retener el poder a cualquier costo, en Chihuahua el gobierno de Corral desveló el entramado financiero para desviar recursos públicos hacia campañas del PRI. Igual que Humberto Moreira no ha sido investigado por la deuda de 36 mil millones de pesos y los presuntos vínculos de su Gobierno con la delincuencia organizada, César Duarte recibió el mismo trato por sus contribuciones al PRI y al gobierno del presidente Peña Nieto. La PGR prefirió mirar hacia otro lado en ambos casos.

La presión ciudadana obligó a la Federación a retirarle la inmunidad a Duarte y a poner en marcha los mecanismos para su localización, captura y extradición –como antes ocurrió con Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo)– con el objeto de procesarlo por el desvío de 250 millones de pesos al PRI y otros delitos cometidos durante su Administración en perjuicio del estado de Chihuahua. Duarte, como la mayoría de los gobernadores, presidentes municipales y funcionarios de menor rango, no soportaría el examen más somero sobre su situación patrimonial antes y después de ostentar el poder.

El desvío de recursos del erario y el enriquecimiento obsceno e impune de los servidores públicos –de todos los partidos– agravian profundamente a la mayoría de los mexicanos, sometidos como nunca a un estado de violencia, represión, deterioro de la calidad de vida y abandono de las autoridades a sus responsabilidades mínimas. Las campañas para desacreditar la Caravana por la Dignidad y al Gobernador de un estado libre y soberano, lanzadas desde el Gobierno federal, no hicieron más que darle mayor vigor a un movimiento que despertó conciencias, unió voluntades y sembró esperanza.

Quizá también sea el anticipo de la tercera alternancia en Los Pinos.
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