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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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07 Diciembre 2018 04:04:00
Sociedad en extinción (última parte)
El 13 de noviembre pasado, el Congreso del Estado aprobó una Ley del Registro Civil con la que brinda a los ciudadanos la posibilidad de cambiar en sus registros de nacimiento el género y el nombre, sin mayor requisito que el deseo de hacerlo.

El motivo más pronunciado por los legisladores fue el nuevo derecho humano denominado “libre desarrollo de la personalidad”. Este criterio se define como el reconocimiento a la facultad natural de todo individuo a ser como quiere ser, sin coacciones, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás. Es decir, este consiste en permitir a la persona la realización y cumplimiento de sus propias metas, las cuales se ha fijado de manera autónoma, de acuerdo con su temperamento y carácter y sin mayor limitación que la de no violentar el orden público.

Como es de verse, nuestros equivocados legisladores conciben el derecho al libre desarrollo de la personalidad como un valor con mayor peso que el compromiso que la persona tiene con la sociedad civil y con el estado. Ya que, según dicen, debe ser el Estado, el obligado a no interferir por ningún motivo, con el ciudadano para permitirle dar rienda suelta a todas sus libertades, como la de pensamiento y la de expresión verbal o corporal; su forma de vestir, su cabello, su estética, sus preferencias sexuales y hasta sus retorcidos instintos, puesto que piensan que la forma de vida de cada quien sólo depende de sus gustos individuales y del estilo de vida que quiera escoger, a pesar del medio social en que el individuo se desarrolle.

Es evidente qué peligrosa y errónea resulta la interpretación que los diputados dan a este derecho, ya que olvidan que la libertad en una sociedad debe protegerse en un sentido positivo. O dicho de otra forma, el desarrollo de cada de una de las personas dentro de una sociedad debe ser permitido, siempre y cuando el mismo sea para bien o de beneficio para el ciudadano y por ende para su comunidad, ya que sólo de esta manera se podrán engendrar sociedades aptas para desarrollarse.

Lo anterior puede verse en pueblos con doctrinas perfeccionistas, que invitan a las personas a optar siempre por el bien para sí y para los demás, con la finalidad de lograr el respeto de los ciudadanos entre sí como valor fundamental. Es decir, que el ciudadano en sociedad deberá decidir siempre por no atentar contra su sobrevivencia, su dignidad, su moral, su salud física o mental, ya que entender la libertad en contrario, o la simple omisión del Estado para procurar estos aspectos hacen incompatibles cualquier otra libertad dentro de una sociedad que se digne llamarse educada o civilizada.

Entonces, a nuestros diputados les hace falta conocer que la doctrina del Derecho describe al ciudadano común como un ente constituido de derechos y obligaciones y que sólo bajo esta concepción se puede lograr la finalidad del Estado, que es la de procurar la armonía en una sociedad, por lo que al confrontar estas absurdas leyes recién creadas contra las verdaderas necesidades del pueblo inevitablemente debemos concluir que las mismas agravian de manera evidente al bienestar común, el cual día con día se ha ido mermando por los constantes ataques a sus valores fundamentales, lo que llevarán, sin duda, a nuestra sociedad a su propia extinción.
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