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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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18 Marzo 2019 04:00:00
Tirios y troyanos
Miguel Riquelme heredó del moreirato no sólo una deuda cuya amortización parece impagable, sino un PRI en ruinas, sin mayoría en el Congreso y con los principales municipios –excepto Saltillo– en poder de la oposición. En un escenario así, “aglutinar los intereses de Coahuila no ha sido sencillo”, reconoció el gobernador durante su participación en el informe del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, el 22 de febrero en Torreón. La nueva realidad del estado se reflejó en el auditorio del Centro Cultural Universitario. El mensaje de Riquelme lo escucharon, en primera fila, el alcalde Jorge Zermeño y el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Marcelo Torres (PAN); el senador Armando Guadiana y el delegado de AMLO, Reyes Flores Hurtado. La sucesión gubernamental empezó después de las elecciones de 2018, con Morena como primera fuerza política nacional.

El PRI gobierna actualmente 18 municipios, 10 menos con respecto a 2017; el PAN, 10 (entre ellos Torreón, Monclova y San Pedro); UDC, 5 (destacan Ciudad Acuña y Sabinas); Morena, 4, en tres de los cuales jamás había habido alternancia (Piedras Negras, Matamoros y Francisco I. Madero); y el PRD, uno. En el Congreso, el PRI tiene 10 diputados; el PAN, 9; UDC, 3; Morena, 2, y el PRD, uno. Elisa Villalobos (Morena), Claudia Ramírez (PRD) y Édgar Sánchez (UDC), ahora independiente, son satélites del partido gobernante. No es sólo la falta de mayoría lo que dificulta la operación de Riquelme en el Congreso; también la impericia del grupo parlamentario de su partido, del cual forman parte los moreiristas Jaime Bueno, Jesús Loya (sustituyó a Samuel Rodríguez, operador electoral de Humberto Moreira, quien ahora cumple esas funciones en La Laguna como representante del Gobierno), Lucía Ramos, Verónica Martínez (homónima de la senadora del PRI) y Diana González. Esta última coordina la Comisión Instructora de Juicio Político y de Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal.

La comisión, casi olvidada, pudo haber procesado al exgobernador Rubén Moreira –valedor de las diputadas Martínez, González y Ramos, quien también integra la junta instructora– y al auditor Superior del Estado, Armando Plata. El juicio político lo solicitó el presidente de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, Juan Antonio García Villa (PAN), con base en el proyecto de dictamen relativo al informe de resultados de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2017 “por observaciones no solventadas cuyo valor ascendió a nueve mil 311.7 millones de pesos”, aprobado el 19 de febrero.

En 5 de marzo, en una sesión bastante acalorada, los diputados Bueno, Ramos (PRI), Villalobos (Morena) y Ramírez (PRD) votaron en contra del dictamen; García Villa, María Eugenia Cázares (PAN) y Emilio de Hoyos (UDC) lo hicieron a favor. Además de desechar la demanda de juicio político, la alianza PRI-Morena pidió la remoción de García Villa como presidente de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública. Rubén Moreira tiene un pie en la Cámara de Diputados y otro en Coahuila.

La Auditoría Superior del Estado presentó, en julio de 2018, denuncias penales ante la Procuraduría General del Estado –entonces a cargo de Homero Ramos Gloria, flamante magistrado del Tribunal Superior de Justicia– por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma en el gobierno de Rubén Moreira. El caso está congelado mientras los delitos prescriben. El Sistema Estatal Anticorrupción es tan útil como la carabina de Ambrosio.

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