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Vicente Bello
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07 Agosto 2018 04:00:00
Trabajar para un presupuesto liberado del chantaje político
En las dos cámaras del Congreso de la Unión, ayer, arreciaba la disputa por las comisiones ordinarias de la 64 Legislatura, cuyo comienzo se colocó a tiro de piedra. El 27 próximo se llevará a cabo su instalación y el 1 de septiembre comenzará con una expectativa sin parangón en la vida del país.

Y la disputa consiste en ganar las presidencias respectivas.

Nadie duda que la comisión más importante de todo el Congreso, políticamente hablando, es la de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y será presidida por el próximo partido en la presidencia de la República, Morena.

Las presidencias de las comisiones de Hacienda, en ambas cámaras, tradicionalmente han sido ocupadas por el segundo partido con más diputados y senadores. Estaría presidiéndola el PAN, que consiguió poco más de 130 diputaciones y 34 senadurías.

De acuerdo con los reglamentos de ambas cámaras, el mes de septiembre es el lapso en que las bancadas trabajan para la conformación de las presidencias y plenos de las comisiones ordinarios.

Sin embargo, en este comienzo el forcejeo por las comisiones se ha adelantado. Y fundamentalmente las de Hacienda y la de Presupuesto.

Promesas principales de Andrés Manuel López Obrador pasarán, rigurosamente, a través de la construcción del paquete fiscal de 2019, que consistirá en la revisión y cálculo de los Supuestos Macroeconómicos, también conocidos como Criterios Generales de Política Económica, y en la construcción de las leyes de Ingresos y la Ley de Egresos.

El PRI con sus poco más de 60 curules (contra las más de 240 que tenía), dejará de presidir comisiones que prácticamente tenía como de su propiedad: la De Gobernación, la de Presupuesto, la de Agricultura, y así hasta sumar más de 30. Ahora es probable que no vaya a presidir más de 10.

Cada que comienza una Legislatura, es la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados la que más provoca atención, pues es esta la que comienza el acto de control político más importante de cuantos realiza el Congreso mexicano. Y lo hace cada año.

El decreto de presupuesto es la distribución del gasto público. Y una de las promesas fundamentales de quien ganó la presidencia de la República para el 2018-2024, consiste en modificar el presupuesto hasta el punto de transfigurarlo en un instrumento de verdadera justicia social, contrario al uso discordante que le estuvieron dando sexenio tras sexenio los últimos 36 años.

Precisamente del manejo del presupuesto barbotó en los años recientes una clase política terriblemente corrupta, mendaz y traidora a los intereses del pueblo de México. Un presupuesto cuyos programas eran desviados de sus objetivos originales con total impunidad.

Suele ser común en México que el decreto de presupuesto pergeñado por la Cámara de Diputados termine modificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a lo largo de su ejercicio, muchas veces con fines político-electorales; es decir, no necesariamente por motivos técnico-hacendarios.

La Secretaría de Hacienda, a su vez, se convirtió durante muchos años en feroz instrumento para el chantaje político, casi siempre aplicado a opositores, sea en los gobiernos de los estados o en las presidencias municipales. También las universidades han sido objeto de retenciones sin nombre e inclusive subsectores, casi siempre relacionadas con la cultura y la sociedad civil.

Retenciones que la Secretaría de Hacienda terminaba desviando a fideicomisos o declarándolos como “Subejercicios”.

No en todos los casos, por supuesto. Hubo siempre sectores privilegiados, como el de los empresarios y los banqueros. Recuérdese cómo entre el PRI y el PAN, en diciembre de 1998, el Congreso mexicano aprobó un rescate con dinero público de una deuda que había sido privada.

Pero a la hora de la repartición, invariablemente incurrían Hacienda y los diputados del PRI y PAN en una pichicatería sin nombre contra la gente de a pie, llámese campesinos, universidades o subsectores como el de pesca, ganadería y aun contra vastas zonas del país, como el Sur-Sureste.

Pero a raíz de esta nueva conformación de las Cámaras, y del arribo próximo de López Obrador a la Presidencia de la República, lo que se espera en el trabajo del presupuesto es que los criterios políticos cambien radicalmente y ahora sean los sectores y subsectores sociales y económicos -durante todos esos 36 años tan vilipendiados y humillados-, los que ahora se beneficien de un presupuesto que en casi cuatro décadas sólo sirvió para enriquecer a unos cuantos y para empobrecer a la mayoría de los mexicanos.

Que el dinero público llegue verdaderamente a sus destinatarios y sirva para sacar a la gente de la pobreza que tanto les muerde y lacera los calcañales y el alma misma; que ese dinero se reparta con alto sentido social en todos los órdenes de la vida nacional, y no para rescatar a minorías poderosas o para que con él sólo hagan negocios unos cuantos, son, cuando menos, dos intenciones que vienen cargando los nuevos diputados federales y senadores.


ESTRIBO
En la sesión de la Comisión Permanente del pasado miércoles, el Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta a los 32 estados de la República a que aseguren el cumplimiento e implementación del artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar que la edad mínima para contraer matrimonio sea establecida a partir de 18 años e implementen los programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, niños y adolescentes.
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